Por Arturo Luna Silva e Ignacio Juárez Galindo
Un caos.
Un absoluto caos.
Documentos y reportes de una dependencia que aparecen inexplicablemente en otra. Computadoras, mobiliario, expedientes, radios de comunicación y muchos vehículos extraviados, con dudoso paradero o hallados en inservibles condiciones; ausencia de reportes y mecanismos de control del gasto en todos los rubros, sobre todo en el desarrollo de obra pública; la inexistente certeza de los mecanismos de cobro de los ingresos en diferentes áreas de la administración; computadoras “formateadas” para borrar cualquier rastro de datos o la omisión en la entrega de información importante que permita saber con cuánto personal trabaja un área, el seguimiento de sus principales actividades, contratos, operaciones, obras y supervisiones; la justificación inexplicable de retardos y ausencias del personal y, para colmo, la carencia de documentos que comprueben la legítima propiedad de inmuebles, es decir, ocupar un lugar sin poder demostrar que es de tu propiedad o tienes autorización para hacerlo.
Un dictamen de esa naturaleza para cualquier empresa sería la evidencia de que todo funciona muy mal.
Pero, ¿qué pensaría si le dijéramos que esas fallas, 137 fallas documentadas para ser precisos, son el reporte del caos de un gobierno?
Es más, que no es cualquier gobierno, sino el Ayuntamiento de la ciudad más importante de Puebla, la cuarta ciudad más poblada y de importancia económica para el país.
Más aún: que ese cúmulo de irregularidades es producto de la entrega que realizó Eduardo Rivera Pérez a la Comisión de Entrega-Recepción que se conformó para recibir el estado que guardaba el Ayuntamiento de Puebla.
Lo hallado, muy contrario a lo que proclama el alcalde panista de cepa yunquista y que está sujeto a un proceso de administrativo de responsabilidades por un presunto desfalco de 411 millones de pesos a la Comuna poblana, es sólo la punta de la madeja de un gobierno que se convirtió en el ejemplo del caos.
Y, por si alguien lo duda, un botón adicional lo demuestra: la Comisión de Entrega-Recepción (CER) dejó intactas 48 observaciones halladas, algunas muy graves, no porque no quisiera investigar sino porque no estaba dentro de sus facultades llegar al fondo del asunto.
Esas y otras anomalías conforman el voluminoso expediente integrado en el proceso de Entrega-Recepción entre las administraciones de Rivera Pérez y José Antonio Gali Fayad, el cual consta de 264 páginas y fue sometido a la consideración del Cabildo de Puebla.
La danza de las anomalías
El expediente, el cual obra en poder de estos reporteros, fue producto de una revisión de 55 mil 475 fojas, 306 actas y 22 anexos de 23 dependencias municipales.
La investigación corrió a cargo de seis regidores de la Comisión Transitoria de Entrega-Recepción: los panistas Myriam Arabian Couttolenc, Juan Carlos Espina Von Roerich, Francisco Xavier Albizuri Morett y Adán Domínguez Sánchez; el priista Iván Galindo Castillejos y el nuevaliancista Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez, quienes fueron auxiliados por la Contraloría Municipal de la gestión de José Antonio Gai Fayad.
Tras la minuciosa revisión, la comisión halló originalmente 491 observaciones, fallos, inconsistencias, que terminaron por reducirse a 137, de las cuales 79 fueron solventadas y otras 10 fueron dejadas correr porque no implicaban una afectación a la administración pública o ponían en riesgo la continuidad de las actividades del nuevo Ayuntamiento.
En la tarea también fue necesario “invitar” a 10 funcionarios de la gestión riverista para que ofrecieran una explicación o dieran detalles sobre diferentes inconsistencias halladas en su periodo al frente de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública (SDUOP), Industrial de Abasto, Secretaría del Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Planeación, Tesorería Municipal, Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (SATI), Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, entre otras.
Y aunque los funcionarios lograron solventar las incidencias reportadas, la CER exhibió el caos administrativo con el que operaba la gestión de Eduardo Rivera Pérez.
Un dato pone en contexto la gravedad: más de 750 bienes muebles estaban en calidad de faltantes porque no se sabía si fueron dados de baja, repuestos o a dónde fueron a parar; lo mismo eran computadoras,aparatos de radio comunicación, escritorios, entre otros.
El desorden también quedó asentado en el punto XVI del dictamen, en donde se especifica que “durante la revisión de la entrega-recepción se advirtió que algunos documentos no fueron objeto de entrega por el servidor público saliente” y “en otras dependencias o entidades se pudieron ubicar los documentos faltantes”.
El hecho no trascendió a mayores gracias a que la ley determina que el proceso es “un acto entre gobiernos y no dependencias y entidades”. No obstante, el caos quedó documentado.
Otro ejemplo fue la omisión inicial de la Tesorería Municipal, en ese entonces encabezada por José Manuel Janeiro Fernández, quien “no entregó el comportamiento presupuestal por programa” de los ejercicios fiscales del 2013 y 2014. Fue hasta que la CER lo demandó cuando cumplió con la obligación.
La misma lógica atravesó a varios funcionarios riveristas, quienes optaron por cumplir con sus obligaciones hasta que fueron observados por la CER. En el colmo, algunos más optaron por lo contrario, es decir, se dieron el lujo de entregar “cajas obsoletas de información” cuyo destino era la destrucción.
Al hacer una revisión de las observaciones emitidas por la CER, la Tesorería Municipal fue la que recibió el mayor número de señalamientos, seguida por la SATI y el DIF municipal, encabezado por la esposa del alcalde yunquista.
El cochinero intacto
En el voluminoso expediente y las conclusiones de la CER y la Contraloría Municipal destaca un tema toral: de las 137 observaciones realizadas, existen 48 señalamientos que dicha comisión transitoria no investigó ni profundizó porque “no corresponden a un ejercicio de entrega-recepción de documentos a la luz del artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal (…) dado que se trata de observaciones que no se derivan de una revisión de las actas de entrega-recepción. De ahí que no corresponde ni al objeto ni con el fin del presente dictamen; además de que no se cuenta con elementos para fundamentar y motivar dichas observaciones”.
Sin embargo, esas 48 observaciones halladas directamente por la Contraloría Municipal determinaron, en algunos casos, situaciones realmente graves. Por ejemplo, en el anexo 1 del dictamen, página 150, se asienta textualmente: “Derivado a que el Director de Planeación y Proyectos no ejerció sus atribuciones de evaluación al sistema de tratamiento de residuos: la recepción de agua tratada proveniente de lixiviados no fue aceptada por el SOAPAP debido a que no cumplió con las normas vigentes. Se hace entrega del tema en relación de correspondencia y archivo, pero no se deja como asunto en trámite. Adicionalmente será necesario realizar obras a costa del municipio para poder conducir las descargas hasta la conexión con el colector marginal de la planta de tratamiento de agua residual Alseseca Sur, proyecto que deberá ser aprobado por SOAPAP”.
En otros apartados, la Contraloría advierte escaso control en la recaudación de ingresos en mercados, panteones municipales, sanitarios públicos y otros ingresos adicionales en esas áreas.
A eso se suma otro hallazgo: la administración de Eduardo Rivera no proporcionó información “que muestre el control del gasto de los expedientes unitarios con respecto a alumbrado público, antirrábico, parques y jardines y panteones”.
Pero eso no es todo. La SDUOP es la principal dependencia donde se hallan las más graves irregularidades detectadas en esas 48 observaciones. ¿Qué halló la Contraloría? Prácticamente de todo: una constante en áreas como la Oficina del Secretario, Dirección de Obras Públicas, Jefatura de Espacios Educativos y el Departamento de Obras Emergentes fue la inexistencia de archivos o inventarios impresos o digitales de obras programadas, en proceso o terminadas, su seguimiento o avance, así como de los padrones de contratistas.
Hay casos en que no se sabe nada de obras realizadas con recursos públicos y participaciones, de los fondos de Infraestructura Social Municipal, de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio, de Infraestructura Social Estatal, de Desastres Naturales, entre otros.
Otra observación reiterada es la falta de información de inventarios de muebles, equipos de cómputo y vehículos. La anomalía que más destaca, en el caso de vehículos, es la Dirección Técnica y Logística que no entregó los expedientes de 106 automotores por lo que no se puede saber a ciencia cierta las condiciones en las que fueron recibidos, los servicios de mantenimiento que les realizaron y el estado de conservación.
Hay otras áreas en donde se reportaron vehículos y maquinaria especializada en malas condiciones, así como aparatos de radiocomunicación que no aparecen por ninguna parte.
Y si no fuera suficiente, la Contraloría advirtió sobre una tendencia casi generalizada de ocultamiento de información y/o la negativa de proporcionar datos trascendentales sobre la operación y acciones de las diferentes oficinas.
Sale a flote el caso de la Subdirección Administrativa de la SDUOP. El reporte no deja lugar a dudas: “No fue entregada ninguna información que permitiera conocer cuál fue el seguimiento y atención de los asuntos; los equipos de cómputo no contaban con información, por lo cual se presume que fueron “formateados”. No se presentaron sellos oficiales. No fue entregada documentación que permitiera conocer cuál fue el seguimiento y atención de los asuntos; la estantería se encontraba vacía. Sólo se recibió la oficina de la Subdirección. No fue entregada información impresa y electrónica sobre los antecedentes que permitan dar continuidad a los asuntos a cargo de la Subdirección”.
El cúmulo de irregularidades detectadas por la Contraloría terminó por sacar a flote el caos.
Y no cualquier caos.
El caos del hijo consentido de la Organización Nacional de El Yunque.
El caos del mismo político que hoy denuncia una persecución política.
El caso de Lalo, Lalo Rivera Pérez.
El caos del político que aún sueña con la gubernatura, pero primero tendrá que saltar una de las aduanas más difíciles de su carrera política: comprobar el destino de 411 millones de pesos que se sospecha fueron malversados.
De las 55 mil 475 fojas revisadas, que incluyen 306 actas, 33 anexos y la inspección de 23 dependencias, resultan las 137 observaciones detectadas; de éstas, 48 no fueron investigadas por falta de facultad de la Comisión de Entrega-Recepción; sin embargo, 24 Horas Puebla se las presenta:
