Este martes, un juez federal ordenó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria para Emilio Lozoya por el caso Odebrecht; la FGR presentará un recurso de revisión.
Así lo dio a conocer la propia Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado en el que se lee:
“El juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”.
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A la par de acusar que tanto el juez de control, Genaro Alarcón López y los magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro, han dictado resoluciones a favor del exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto “de forma parcial e ilegal”, y que consisten en, según la Fiscalía:
Se han excluido pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza “violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”
El juez Alarcón López lo benefició injustamente al excluirlo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, “alegando que dicho pago ya lo había hecho Alonso ‘N’, lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio ‘N’”.
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Además de subrayar que este cambio de medida cautelar no significa que Lozoya Austin haya ganado algún juicio de los que ha sido sometido por el Ministerio Público de la Federación y:
“Solo ha obtenido de Jueces y Magistrados de la Federación, privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”.
El exfuncionario, que dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, es acusado de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht. Fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año.
Tras un acuerdo con la fiscalía, llevó su proceso bajo arresto domiciliario pero fue encarcelado en noviembre de 2021 luego de que salieron a luz imágenes en las que se le observa en un restaurante.
En 2022, la fiscalía general pidió una pena de 39 años de prisión para Lozoya, acusado por los delitos de asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.
También había sido acusado de autorizar la compra por parte de Pemex de una deteriorada planta de fertilizantes con un sobreprecio de 200 millones de dólares, pero los cargos fueron retirados luego de un acuerdo para la reparación del daño.
Por: 24 HORAS MÉXICO
JCOL