La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, consideró que la liberación del expresidente municipal de Teziutlán, Antonio Vázquez Hernández, demuestra que existió una persecución y encarcelamiento contra los opositores a exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
“Los presos políticos en tiempos del barbosismo, ya han salido gracias a sus defensas, Inés Saturnino, Edwin Mora, que son los más sonados…fue para Puebla un retroceso una época obscura completamente, los panistas que nos atrevimos a levantar la voz y los que estuvieron en la cárcel fue porque no se doblaron”.
Agregó que este desde un principio fue un tema político, solicitado por el actual presidente municipal Carlos Peredo Grau, el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, por la fuerza y arrastre político que tiene en esta demarcación el panista.
“Le pido al gobernador (Luis Miguel Barbosa Huerta) quitarlo de en medio, el Teziutlán solo hay dos personajes que tienen la fuerza para ganar campañas, es Toño Vázquez y Carlos Peredo, y esto se demostró que fue persecución política”.
La exdirigente estatal del PAN, lamentó que la defensa del también exdiputado local, fuera hacerse responsable de los actos imputados para poder obtener su libertad, mediante el pago de una indemnización.
“Lo valoraron sus abogados pero me parece que aceptar algo que no se cometió es terrible, era la desesperación de Toño de poder salir, cuando lo metieron fue para apoyar al actual alcalde, para que no tuviera nadie que le hiciera sombra o cuestionará su desempeño”.
Cabe mencionar que el cabildo del Ayuntamiento de Teziutlán aprobó un acuerdo para realizar un convenio por el que, el exedil, tendrá que hacer una reparación moral y material, que asciende a 25 millones de pesos.
Vázquez Hernández entregará 9.5 mdp en efectivo, un vehículo tipo grúa, más dos propiedades: un predio ubicado en la zona de Cipreses, y una vivienda que se encuentra cerca del Centro Escolar “Presidente Manuel Ávila Camacho” (CEPMAC).
Huerta Villegas, consideró que el Ayuntamiento de Teziutlán no es la autoridad competente para establecer este tipo de convenios debe ser la Fiscalía General del Estado, la que determine la situación jurídica de los indiciados.
“Me parece que el Ayuntamiento no es la autoridad que va o que puede determinar ninguna sanción o si hubo o no delito, para esos existen las autoridades correspondientes”