Ha muerto la “Operación Angelópolis” (y sino, al menos agoniza) y con ello se desvanece una parte de la historia más conflictiva de Puebla. Se acabó la era de la persecución, la polarización, de señalar desde el poder con el dedo acusador.
Desde que llegó Mario Marín a la gubernatura y con la política de darle de “coscorrones a la vieja cabrona esa”, en referencia a la detención de Lydia Cacho Ribeiro porque fue acusada por difamación y calumnias por parte del empresario textil Kamel Nacif, Puebla era un polvorín. Mario Marín gobernaba feliz con perseguir a la prensa.
¿Se acuerdan de que la mayoría priista (26 diputados locales) presentó denuncias penales contra dos periodistas de Diario Cambio: Mario Alberto Mejía y Selene Ríos Andraca? Los marinistas de aquel entonces —incluidos periodistas— festejaban dichas acciones.
O recuerdan cuando Eduardo Rivera Santamaría —en 2008— denunció por chantaje y extorsión a Mario Alberto Mejía, a quien esto escribe y a Héctor Hugo Cruz. Lalo Rivera le confesó años después a este tundeteclas que fue una sugerencia de Rodrigo López Sainz (QPD) con el entonces gobernador, ahora en la cárcel. Posteriormente, Enrique Núñez, director de Intolerancia, desmintió que López Sainz participara como reveló el popularmente llamado Lalo fake.
Tras la llegada de Rafael Moreno Valle al Gobierno, la relación con la prensa fue muy tirante. Traía en sus espaldas ciertos rencores por cómo fue tratado, desde un video falso llamado Las princesas de Atlixco, hasta columnas dirigidas por zavalistas y marinistas.
El punto de quiebre se dio cuando Moreno Valle contrató a Sergio Ramírez Robles como su vocero. El jaliciense llegado a Puebla le declaró la guerra en Twitter a todo aquel que se atreviera a rosar con un pétalo de sarcasmo a su jefe. En sus oficinas se prepararon 19 demandas por daño moral contra todos aquellos que cuestionaron al mandatario. Sólo fueron contra dos y al final no pasó nada.
Se creó una cosa llamada el tripack, que consistía en que los aliados al Gobierno podrían vender publicidad a la administración estatal, al ayuntamiento de Puebla y a la BUAP. Los enemigos no podrían ser proveedores de ninguno. La intención era matar de inanición a la prensa local, pero cometieron un error, una normativa llamada Ley Bala que provocó la muerte de un niño en Chalchihuapan.
Fue ahí que se rompió el tripack y comenzó la apertura del morenovallismo. Llegó Tony Gali Fayad como gobernador y la relación fue buena con la prensa local. No había conflictos, todo caminó normal. El problema vino cuando fue la elección del 2018 y que muchos periodistas atacaron a Miguel Barbosa. En 2019, Guillermo Pacheco Pulido mantuvo una relación cordial en su interinato, empero, cuando llegó Barbosa al poder la situación se tensó.
Auditorías, denuncias y demandas. Si algo se salía del cuadro otra vez. El punto de quiebre fue la llamada Operación Angelópolis, que presentaron dos periodistas basados en una investigación que inició Santiago Nieto, titular de la UIF y quien se desistió posteriormente en una entrevista concedida a Salvador García Soto. Sin entrar en detalles, cada quien sabe sus culpas, Arturo Rueda Sánchez de la Vega fue a prisión, y por alguna razón desconocida fue enviado a una cárcel de mediana seguridad.
Ayer, la decisión de un juez fue determinar que no hay asociación delictuosa entre el exauditor Francisco Romero Serrano, el presunto facturero Florentino Tavera y el accionista de Diario Cambio. De esa manera se cae la llamada “Operación Angelópolis”.
Queda claro que, aunque no es ni juez ni parte y no puede intervenir ni con la Fiscalía General del estado y mucho menos con el Poder Judicial, la actitud de pacificación de Sergio Salomón ha permeado la entidad.
La preguntas son: quien quede como gobernador el próximo sexenio: ¿qué hará? ¿irá a la guerra? ¿Será más tolerante? ¿Habrá amenazas? ¿Habrá diálogo? O regresaremos a la jungla.