En distintos municipios de Puebla han explotado conflictos sociales que las y los presidentes municipales no previeron o no atendieron a tiempo, por lo que fue necesaria la intervención del gobierno del estado para resolverlos luego de registrarse muertes, linchamientos, riñas o bloqueos carreteros que tardaron varias horas.

Las situaciones críticas, como ajusticiamientos, exhiben las carencias de los cuerpos de seguridad de los municipios, como la falta de personal, de capacitación y de protocolos para atender una crisis, advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, Félix Cerezo Vélez.

De acuerdo con el secretario de Gobernación del estado, Javier Aquino Limón, algunos hechos que escalaron a la violencia fueron azuzados por intereses políticos, sin embargo, enfatizó que las autoridades municipales deben dialogar con todas las partes de un conflicto para evitar que acaben en tragedias.

El viernes pobladores de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula, tomaron la carretera Cholula-Huejotzingo, y la liberaron hasta el otro día, luego de más de 30 horas de bloqueo, sin que autoridades municipales pudieran negociar con las personas inconformes.

La protesta fue motivada por la perforación de un pozo que el ayuntamiento no había consensuado con la población, así que Aquino Limón reunió a quienes reclamaban con la alcaldesa Paola Angón Silva y ella accedió a suspender la obra, aunque señaló que no habría ninguna afectación a la población y que el descontento fue resultado de la desinformación. 

Tras este suceso, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió a presidentes municipales “socializar” las obras, de manera que la gente conozca los beneficios, los posibles efectos en la zona donde se realizará y las vías para evitar alguna afectación.

Una semana antes, el domingo 16 de julio, habitantes de Tecali de Herrera causaron destrozos a dos patrullas de la policía municipal en protesta por un presunto abuso policial, debido a que un joven fue asesinado por policías.

Los uniformados argumentaron que fueron atacados con armas de fuego por dos hombres, así que repelieron la agresión y abatieron a uno, sin embargo, la gente atestiguó que los jóvenes ni siquiera iban armados, así que las personas tomaron la presidencia municipal, retuvieron a trabajadores del ayuntamiento y volcaron los vehículos oficiales.

Aquino Limón reportó el lunes 17 que se entabló diálogo con la población y se apoyó a la familia de la víctima, pues aparentemente sí se trató de un abuso, por lo que el jueves 20 fueron detenidos dos policías como presuntos responsables.

El mismo domingo 16, pero en Izúcar de Matamoros, vecinos marcharon por calles del municipio para exigir la renuncia de la alcaldesa morenista Irene Olea Torres, en reclamo por recientes hechos violentos, como asesinatos, balaceras y privaciones de la libertad.

Esta protesta se sumó a otras que hubo previamente y a la exigencia de regidores morenistas de destituir a los titulares de Seguridad Pública y Gobernación, pero la presidenta municipal descartó reunirse con sus críticos o hacer cambios en su gabinete, mientras que el secretario de Gobernación del estado reveló que su dependencia sí tendría diálogo con la gente inconforme, aunque reconoció que el asunto tenía un trasfondo político. 

La semana previa, el lunes 10 de julio, unas 30 personas prendieron fuego a diversos objetos para protestar afuera de la presidencia municipal de Palmar de Bravo, en exigencia de obra pública para la junta auxiliar de San José Bellavista.

El hecho no escaló a la violencia por el arribo de policías estatales y personal de la Secretaría de Gobernación del estado que dialogó con los informes y calmó los ánimos.

Una tragedia que no se pudo evitar se registró el 20 de abril en Tlahuapan, donde unas 150 personas golpearon y prendieron fuego a un joven acusado de intentar robar en un vivero. Aunque la policía lo encontró con vida y lo llevó al hospital de San Martín Texmelucan, no logró sobrevivir a causa de la gravedad de las lesiones.

Por este hecho fueron detenidos dos hermanos, quienes sorprendieron al hombre en el vivero, lo capturaron y lo metieron por la fuerza a una camioneta para trasladarlo al centro de la junta auxiliar de Tianguistenco, donde recurrieron al peritoneo para incitar a la población a lincharlo.

El titular de la CDH, Félix Cerezo Vélez, dijo el jueves pasado que se acreditó que la policía fue omisa, por lo cual emitirá una recomendación dirigida al ayuntamiento y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que capaciten a sus elementos.

Además, anunció que trabaja con legisladores en una reforma para regular el uso de la fuerza, para que los policías puedan actuar en casos de violencia multitudinaria y así evitar más linchamientos, aunque este lunes el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Eduardo Castillo López, dijo que desconoce la iniciativa, pero rechazó que se pretenda revivir la llamada “ley bala”, pues ese asunto ya está cerrado.