Un juez dictó auto de formal prisión contra el exjefe de la Policía Judicial en el gobierno de Mario Marín Torres, Adolfo Karam Beltrán, por el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho, informó la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo de la Jueza Segunda de Distrito en materia penal con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, auto de formal prisión en contra de Hugo Adolfo “K”, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de tortura en agravio de una periodista.

Por lo anterior, se decretó la apertura del procedimiento ordinario y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.

El presente caso deviene de la consignación realizada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FEMDH, en la que se presentó evidencia suficiente para probar la existencia de un aparato organizado de poder dentro de la estructura del Gobierno del estado de Puebla, que planeó y ejecutó un plan sistematizado para castigar a una periodista por haber realizado la publicación de su investigación sobre trata de personas en la que se develaban nombres de personas que participaron en redes de tráfico de menores.

Al señor Hugo Adolfo “K”, se le imputa que desde su posición de poder correspondiente a la Dirección General de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, en cumplimiento de las instrucciones de Mario Plutarco “M”, exgobernador de dicha entidad, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva y sujeto a un proceso penal por los mismos hechos, presuntamente organizó y ordenó a sus dependientes jerárquicos que al cumplir una orden de aprehensión en contra de una periodista, realizaran actos de tortura con la finalidad de castigarla por la publicación de un libro.

De este caso existen ya tres sentencias condenatorias por el delito de tortura en contra de ex servidores públicos de las entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Puebla y Quintana Roo, además de dos personas más que se encuentran en prisión preventiva justificada durante el desarrollo de su proceso por el mismo hecho en agravio de una periodista.

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