Mientras a nivel federal se discute la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), en la práctica los diez partidos políticos de Puebla evaden la obligación de transparentar sus compras, contratos de servicios, sueldos y patrimonio de sus dirigentes, pese al financiamiento público millonario que reciben.
De acuerdo con la Ley de Egresos del estado, en 2023 se repartirán 302 millones de pesos entre los institutos políticos, mientras que en 2022 fueron 281 millones, pero con base en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que depende del INAI, el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Pacto Social de Integración (PSI) son los más opacos, ya que no han reportado cómo gastaron los recursos en 2022 ni los obtenidos en lo que va de 2023.
MC que es liderado por el diputado local Fernando Morales Martínez; PSI es presidido por Carlos Navarro Corro y el PT cuenta con una coordinación colegiada de diez personas, entre ellas el comisionado nacional Ernesto Villarreal Cantú; la secretaria de Bienestar del estado, Lizeth Sánchez García y Mariano Hernández Reyes, el diputado local que falleció hace unos días.
Por ley, los partidos políticos deben transparentar la fortuna, sueldos y currículo de sus dirigentes; sus estados financieros; los contratos de obras, bienes y servicios; los contratos por honorarios; las cuotas o donaciones que reciben los partidos de militantes y simpatizantes; las multas impuestas por autoridades; las sanciones impuestas a militantes; así como el padrón de militantes, la plataforma electoral, el padrón de bienes muebles e inmuebles, entre otras cosas.
Austera transparencia en Morena
Aunque Morena impulsa la extinción del INAI y actualmente es el partido más rico, pues este año recibirá 86.7 millones de pesos, en la PNT no se encuentra publicado ningún contrato por la adquisición de bienes o servicios, no están las declaraciones patrimoniales de sus dirigentes y solo aparecen algunos gastos en viáticos, pero sin comprobantes y el reporte más costoso es de 14 mil pesos.
Del año pasado solo se encuentra el contrato por 71 mil 500 pesos mensuales por la renta del inmueble que alberga el Comité Ejecutivo Estatal (CEE), ubicado en la colonia Chula Vista de la ciudad de Puebla, mientras que en el apartado de salarios no hay nada, porque los dirigentes no aparecen en la nómina, sino que cuentan con contratos por servicios profesionales por honorarios. La presidenta Olga Lucía Romero Garci Crespo cobra 70 mil pesos al mes y el secretario General Agustín Guerrero Castillo 63 mil pesos.
En el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el dirigente estatal Jaime Natale Uranga también tiene contrato por honorarios con 52 mil 447 mil pesos mensuales, mientras que la encargada de Comunicación Social, Alicia Chida Gallardo, gana 34 mil 615 pesos y el representante electoral Luis René Maldonado Morelos cobra 34 mil 90 pesos. Los suyos son los únicos contratos publicados por el partido desde el año pasado, a pesar de que en 2023 ejercerá 24 millones de pesos.
En Compromiso por Puebla (CPP) la presidenta estatal, Laura Verónica Escobar Juárez, cobra 50 mil pesos mensuales, y el secretario General Fidel Montes Hernández 30 mil pesos, aunque en la PNT no han reportado contratos de obras o servicios, su patrimonio ni su currículo.
El dirigente del PRD, Carlos Martínez Amador, tiene un sueldo de 27 mil 75 pesos al mes, y el del secretario General, Vladimir Luna Porquillo, es de 26 mil 400 pesos, pero ambos tuvieron en 2022 contratos por servicios profesionales por honorarios, cuyo pago fue hasta del doble de sus salarios, aunque no hay contratos de obras, compras ni servicios.
Nueva Alianza Puebla (NAP) reportó que en lo que va de este año y todo 2022 no celebró ningún contrato en compras o servicios, mientras que su presidente Emilio Salgado Néstor cobra 20 mil pesos mensuales y el secretario Fernando Ramírez Cielo 12 mil pesos.
Transparencia a medias en el PAN
La líder estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera Hernández, es la dirigente mejor pagada en Puebla, con un sueldo de 75 mil pesos netos al mes, en tanto que el secretario General Marcos Castro Martínez gana 55 mil pesos.
Este año el blanquiazul recibirá 55 millones de pesos de financiamiento y hasta ahora no ha reportado contratos, mientras que en 2022 solo registró seis por 1.4 millones de pesos. El contrato más elevado fue de 430 mil pesos para el mantenimiento y remodelación de oficinas del partido, aunque no precisa en qué consistieron los trabajos. En la PNT además no se encuentra el contrato para la ampliación del Comité Directivo Estatal (CDE), obra cuestionada por panistas que afirman que costará más de 10 millones de pesos, pues se pretende construir un auditorio y varias oficinas. A decir, de la expresidenta Genoveva Huerta tendrá un costo de 20 millones de pesos.
El PRI tendrá este año 44 millones de pesos, pero afirma que su presidente Néstor Camarillo Medina no cobra un salario y ejerce el cargo de forma honoraria, ya que también es diputado local. Solo en el primer trimestre de 2023 el tricolor reportó 30 contratos, entre los que destacan dos por 250 mil pesos cada uno para la compra de papelería, uno de 255 mil pesos para la remodelación de las oficinas del partido y uno de 146 mil pesos para comprar una impresora multifuncional HP.