Luego que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, fuera declarado como persona non grata, el Gobierno de nuestro país le instruyó regresar a territorio nacional con el fin de resguardar su seguridad e integridad física.

La tarde de este martes, el Gobierno peruano le dio 72 horas al diplomático mexicano para abandonar el país andino en respuesta a la “injerencia” que consideran han hecho las “altas autoridades” de México en asuntos internos peruanos, entre ellas el presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso del expresidente en prisión, Pablo Castillo..

“Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (…) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria, Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de cancillería de la misión.

“Nuestra Representación continuará operando con normalidad tras este movimiento”, se lee en el texto.

“México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú”, concluye el documento.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard indicó a través de redes sociales que la decisión de fijar 72 horas para expulsar del país al embajador Pablo Monroy es una decisión infundada y reprobable.

“La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición”, escribió el titular de Relaciones Exteriores.

Por la mañana, autoridades mexicanas anunciaron haber concedido el asilo político a la familia de Castillo, en una decisión que describió como “independiente y soberana”.

Tras ello, el Gobierno peruano negó que exista persecución política y que impera el Estado de Derecho y la separación de poderes.

 

 

Marco Fragoso