En el país más de mil 600 municipios cobran el Derecho de Alumbrado Público (DAP), pero en Puebla fue rechazado por el Congreso del Estado, por ello, seguirá vigente la controversia que interpuso el ayuntamiento desde el mes de enero.
Así lo informó el alcalde, Eduardo Rivera, quien consideró que es inconstitucional la negativa del legislativo, pues se trata de un derecho de cada administración municipal.
Asimismo, reiteró que no se trata de un impuesto sino una forma de generar recursos para obras y proyectos de mejora.
El edil indicó que se espera que la controversia presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda resolverse durante este año. Además, afirmó que será respetuoso de la decisión que tomen los jueces.
“No cesaré en esta atribución que tiene el gobierno municipal y yo como alcalde considero que es lo justo y lo legal, seguiré con la controversia que está presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperamos que pueda resolver antes de que culmine el año”.