La iniciativa para que, por ley, los padres de familia en todo el país obtengan permisos laborales que les permita participar activamente en la formación de sus hijos en los centros educativos, fue una propuesta que presentó y ha impulsado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), recordó en entrevista Ricardo Chavero, secretario general del instituto político en Puebla capital.

Al referirse al tema, dijo que, entre las reformas con más sensibilidad social que se aprobaron recientemente en el Congreso de la Unión, están las modificaciones a las Leyes General de Educación y Federal del Trabajo, que permitirán, una vez regresemos a las clases presenciales, que los padres y madres de familia tengan un permiso laboral, para acudir a las reuniones y juntas en las escuelas de sus hijos.

Chavero dijo que “personalmente, ahora que soy padre, creo que es un derecho que debió haberse considerado hace mucho tiempo en México, y que es un tema de indispensable justicia y salud como sociedad, que ya tienen muchos otros países”.

El secretario verdeecologista en la capital poblana describió que estas iniciativas del PVEM ya fueron aprobadas y que, la última, espera todavía su último impulso en el Senado de la República.

Ricardo Chavero detalló que la que se refiere a la Ley General de Educación, “ya es ley vigente y sus reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019”.

Respecto de la reforma de la Ley Federal de Trabajo, que la complementa, “fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de octubre de 2020 y actualmente se encuentra pendiente de aprobación del Senado”.

Con estas propuestas -dijo Chavero- se determina que la Secretaría del Trabajo deberá promover la flexibilidad de los horarios de la jornada laboral y los trabajadores no estarán obligados a reponer las horas destinadas para asistir a las juntas en los centros educativos de sus hijos, siempre y cuando acrediten con las autoridades escolares que fue para este fin.

Asimismo, las autoridades educativas tendrán la obligación de promover la participación de los padres de familia en los Consejos de Participación Social, para estar incluidos en la toma de decisiones académicas y en la elaboración de normas escolares.