El regidor panista Enrique Guevara Montiel dotó de cualidades que difícilmente tendrá el equipo que rodea a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, cuando sospechó que el subejercicio por más de mil 200 millones de pesos en el año 2020 es un “guardadito” para atender necesidades electorales en el periodo de campañas de 2021.

No sólo es ineficiente, sino inoperante como se ha podido documentar con el paso de los últimos meses. Aventurar malicia en un ambiente que adolece de capacidad operativa, planeación estratégica y visión política fue un acto de generosidad de parte del coordinador de regidores panistas.

Las muestras surgen al momento de hacer cualquier escrutinio de la toma de decisiones en una gestión marcada por el impulso, la excesiva carga ideológica y una retórica de género que es cultivada a partir del lugar común.

No hace mucho compartí con una funcionaria del primer nivel en el palacio municipal la sospecha de la existencia de acuerdos extralegales entre familiares de la presidenta municipal y empresarios de giros negros.

Un testigo aseguró haber dado cuenta del momento en que en un comedero de empresarios fue hecha pública la convocatoria para asistir a la apertura de un botanero con tintes de prostíbulo con la anuencia de la familia de la presidenta municipal.

Era la explicación que el autor de la columna recibía sobre la apertura desmedida y ostentosa de antros antes de la pandemia y de manera clandestina en los últimos meses.

Mi interlocutora no duda en compartir un juicio lapidario sobre las dotes para negociar cualquier acuerdo con proveedores, empresarios de entretenimiento para adultos o lo que fuera: son demasiado elementales, concedió.

Suponer que los mil 200 millones de pesos forman parte de una bolsa para financiar estructuras, pago de asesores en materia electoral o compra de voluntades parece una desproporción.

El equipo de la edil no sólo no fue capaz de arrancar las obras de intervención de la calle 5 de Mayo, hoy convertida en un enorme tianguis de vendimia chafa, y en algunos casos, ilegal, por la falta de comprimiendo de la normativa para realizar  obras de esa envergadura en un espacio público con las características históricas de la zona.

Este mes de diciembre se habrá cumplido un año de una medida que arrojó pobres resultados, con la colocación de puestos para la instalación de vendedores que quisieran pagar por un espacio digno que redundó en la pérdida de la inversión y que volvió a dejar en un plano bochornoso al equipo de trabajo.

Con una inversión de 1.5 millones de pesos, el ayuntamiento de la Cuarta Transformación también exhibió que sigue sin conocer a sus interlocutores, como el comercio informal. Los integrantes de cada uno de los gremios desatendió los exhortos para dejar el comercio informal y colocarse en los puestos colocados, sino que lo que dieron el paso no pagaron las cuotas establecidas.

De ahí la conclusión lógica: suponer capacidades de operación electoral para el futuro 2021 fue un exceso.

 

Parabólica.mx por Fernando Maldonado