Hace seis meses, Monclova había alcanzado notoriedad nacional. El 2 de octubre pasado, el equipo de beisbol Acereros del Norte ganó por primera vez en su historia el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol derrotando en siete juegos a los Leones de Yucatán. Un gran logro para un área metropolitana —que comprende también los municipios de Frontera, Castaños y San Buenaventura— que no rebasa los 400 mil habitantes.
Pero ahora Monclova está en el mapa por malas razones. Lo llaman el Wuhan mexicano, la ciudad donde ha explotado el coronavirus.
Las investigaciones apuntan a un ya fallecido chofer de transporte de carga que contagió a personal de salud del Hospital de Zona número 7 del IMSS. Los hechos los conocemos, en buena medida, por el gran trabajo del periodista lagunero Javier Garza.
Hoy se cuentan 61 infectados en la ciudad acerera, que ya ha comenzado a exportar la enfermedad a otras partes de Coahuila.
La incidencia es mayor que en cualquier otra parte del país. La capital de Puebla, que también enfrenta una expansión rápida del COVID-19, tiene poco más de cien casos, pero cuatro veces más habitantes que Monclova.
Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta un dato: desde que apareció el coronavirus en Monclova, la autoridad estatal decidió conocer la verdadera dimensión del problema y aplicó cientos de pruebas de contagio.
A diferencia de otros lugares de la República, las muestras fueron analizadas en la entidad. En declaraciones al diario El Siglo, el secretario de Salud estatal, Roberto Bernal Gómez, anunció que Coahuila tenía la capacidad de aplicar 40 pruebas al día y que esperaba que el número llegara hasta 200.
Al momento de escribir estas líneas, iban 750 pruebas aplicadas en el estado, dos terceras partes de ellas en Monclova.
Los primeros resultados confirmaron la gravedad de la situación: 15 casos confirmados por cada 100 mil habitantes. Para comparar, a nivel nacional hay dos por cada 100 mil.
Eso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿realmente México tiene menos de 2 mil 800 casos positivos o es simplemente que la autoridad federal no ha querido aplicar el número suficiente de pruebas o hacer algún esfuerzo por estimar la cifra negra?
Hasta ayer, la Secretaría de Salud federal decía que 25 mil 410 personas habían sido examinadas (la suma de casos positivos, negativos y sospechosos). Ése es el número de pruebas que China, Corea del Sur y, más recientemente, Estados Unidos aplican en un lapso de dos días.
La siguiente pregunta es, ¿por qué el gobierno federal se resiste a aplicar un mayor número de pruebas pese a que está probado que las personas asintomáticas pueden ser contagiosas? Esa postura es de una gran irresponsabilidad.
Si la aplicación intensiva de pruebas a lo largo de una semana ha revelado la existencia de 61 contagios en Monclova, ¿cuántos casos nuevos podrían sumarse a nivel nacional?
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno se guía por la opinión de los expertos. Por desgracia para todos, los expertos del gobierno han aceptado que las empresas contratistas de los proyectos de infraestructura consentidos de la 4T sigan trabajando, pese a la declaratoria de emergencia por el COVID-19. Entre ellas, las empresas que producen acero, insumo que se produce, entre otros lugares, en Monclova y sitios cercanos.
Si los “técnicos” –que están dispuestos a aceptar esos criterios políticos por encima de los científicos– nos dicen que hay 2 mil 785 casos de COVID-19 en México, pero se resisten a aplicar un mayor número de pruebas de contagio, ¿estamos obligados a aceptar sus números?
Si a eso agregamos los registros de “neumonías atípicas”, en personas enfermas y ya fallecidas, la respuesta debe ser no. Al menos, no sin exigir que prueben sus dichos.