La trama gestada en contra de Sergio Aguayo no es nueva.
Es una vieja narrativa que cruza a Isabela Católica, Franco, Hitler, Stalin, Echeverría, Marín y todos los hombres que el hipócrita lector quiera poner en escena.
Y para que esta trama funcione deben hacer nado sincronizado tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo.
Lo contrario sería francamente impensable.
E imposible.
Para que el brazo jurídico alcance a un periodista, el brazo ejecutivo debe estar de acuerdo.
Un brazo mueve al otro.
En el caso de Aguayo —que no es precisamente un articulista incómodo al régimen—, quizás lo que ocurrió es que el brazo del ejecutivo simplemente dejó correr las aguas sin operar en contra.
Había un caramelo delicioso a la mitad del Río: el diario Reforma.
El presidente está convencido de que esta querella millonaria tiene como actores a Humberto Moreira y a Reforma.
No es así.
El diario que más detesta el presidente sólo le da espacio a los artículos de Sergio Aguayo.
Hasta donde sé, Reforma no fue objeto de la demanda por daño moral interpuesta por el ex gobernador de Coahuila.
Lo insólito de este litigio es que el Poder Judicial le puso a Aguayo una multa de 10 millones de pesos para desagraviar a Moreira.
El artículo del también comentarista de televisión no es grosero ni maledicente.
Tampoco es vulgar y prosaico.
Es un artículo bien parado: con ojos y oídos prestos.
Quien esto escribe tiene algunos récords en materia de denuncias y demandas.
En los primeros cuatro meses del gobierno de Mario Marín, por ejemplo, me denunciaron 12 diputados locales y un empresario metido hoy en Morena.
Todos por órdenes del entonces gobernador.
En mi récord cabe una docena de juicios.
Creo que cuando nací en el mundo del periodismo de inmediato fui imputado.
He vivido de todo: desde mensajes sicilianos hasta multas por haber dañado la moral de alguien.
Dicha multa, por cierto, fue mínima: cinco mil pesos.
Quien me demandó aspiraba a quitarme hasta el modito de andar, pero gracias a una honesta magistrada de apellidos Temblador Vidrio la multa fue simbólica.
Gracias a que me inicié en el periodismo en una cabina radiofónica de la XENG de Huauchinango, Puebla, conocí los métodos menos ortodoxos de la amenaza.
Hubo quien una vez llegó a patear vidrios y ventanas en aras de ingresar a la cabina en la que yo hacía mi noticiero.
(Se llamaba El Ferruco).
Hubo otro que me esperó pacientemente afuera de la estación con dos escoltas armados.
En ambos casos, ufff, salí ileso.
Afuera de mi casa, en la calle Corregidora, siempre había algún político descontento con ganas de ajustar cuentas conmigo.
Una vez que llegué a Puebla, los métodos cambiaron.
El mismísimo Héctor Aguilar Camín patrocinó una denuncia penal en mi contra con la familia Mastretta.
Guardo recuerdos de todos mis demandantes.
También de un abogado que vendió mi causa.
Hay de todo en la vida periodística.
Es menos amable que la vida literaria.
Como poeta sólo he enfrentado el juicio terrible del hipócrita lector.
Y voy ganando hasta el momento.
Ojalá Sergio Aguayo estuviera enfrentando situaciones similares.
Sería hasta relajante.
Pero su caso es tan grave que no debemos permitirlo.
Qué bueno que Denise Dresser comprometió este miércoles al presidente López Obrador en el sentido de que no se revivirán las denuncias penales —que implican cárcel— en contra de los periodistas.
Ya suficiente enfrenta hoy Aguayo debido a la furia de Moreira sumada a jueces vendidos.
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Glockner y un Largo Ufff.
Tras el fallido afán de Julio Glockner, secretario de Cultura, de hacer consultora de la dependencia a la infumable Amalia Hernández de por aquí cerquita (léase Lourdes Roth), surgió otro conflicto que ya le abrió las puertas de la renuncia a nuestro personaje: los supuestos vetos de la UNESCO y el INAH para que la Estrella de Puebla sea montada en la zona de San Francisco.
Hoy lo dijo muy textual el gobernador:
“No es cierto (que esos organismos se hayan expresado en ese sentido). Se lo dice el gobernador. Y si algo le incomoda al secretario Glockner de esto que digo, que renuncie”.
Ufff.
Ufff.
Ufff.