Para Mauricio Saldaña, especialista en seguridad pública, los programas ofrecidos por la Federación para combatir la ordeña y el robo de combustible no atacarán de raíz el problema a nivel nacional.
Por: Guadalupe Juárez
Cortar las alas financieras de los grupos que controlan el robo de hidrocarburos en Puebla es una buena estrategia, pero insuficiente ante el poder económico que esto representa.
Las actividades por robo de combustible dejan a los grupos criminales que operan en el corredor huachicolero de la entidad utilidades de hasta 54 millones de pesos al día, suma que en un año supera los 19 mil 710 millones de pesos, equivalente a 81% de las remesas recibidas en el estado durante 2018.
Esto permite que un habitante de los 27 municipios que conforman el corredor donde se registra el delito prefiera mantener su vida criminal a cambio de los 500 pesos diarios ofrecidos por los huachicoleros, cantidad superior a cualquier ayuda asistencialista del gobierno federal, explica el especialista en temas de seguridad pública Mauricio Saldaña Rodríguez en entrevista para 24 Horas Puebla.
Señaló que los ingresos de los grupos de chupaductos que él estima únicamente en la entidad, sólo representan —si se es optimista—10% de lo que puede significar el robo total a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los cálculos están basados en las pérdidas económicas declaradas por la petrolera mexicana y corresponden sólo a las ganancias netas obtenidas y no al flujo de dinero ocasionado por dicha actividad que es mayor y por ahora no se podría dimensionar.
Lo anterior complica el combate al lavado de dinero por esta actividad —como lo anunció el gobierno federal— pues hay cantidades y negocios donde sería imposible comprobar que se trata de recursos provenientes del robo de combustible.
Un ejemplo —explica— es cuando una familia con vínculos a estos grupos acude al doctor, o a la tienda, o a la farmacia, o a la juguetería… el dinero sucio se encontraría en todos los sectores y sería difícil conocer qué parte de éste se encuentra en el Producto Interno Bruto (PIB) del estado.
Si el escenario parece adverso —alerta— a esto se suman más complicaciones: si el combate frontal funciona y el huachicoleo se frena provocará que las familias acostumbradas a estos ingresos diversifiquen sus actividades, la Guardia Nacional no podrá actuar contra ellos simplemente porque se trata de mujeres y niños, mientras los cárteles de otros estados verán al estado como una fuente de mano de obra para engrosar sus filas criminales.
LA SOCIEDAD FRENTE AL CRIMEN
En Puebla convergen los dos peores escenarios para que el delito se mantenga: la pobreza de la población y la estrategia de desmantelar a las organizaciones delictivas por sus líderes, la cual no funcionaría porque se necesita meter a prisión a todos los componentes e integrantes que delinquen. Sí, también a los niños y mujeres que los apoyan.
“El gobierno federal sigue en su necedad de descabezar líderes de cárteles, así no funcionan las cosas, se requiere el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el desmantelamiento forzosamente pasan por meter a prisión a cada uno de los componentes de ese grupo delictivo, si eso lo tomas literal como te lo estoy diciendo, entonces caemos en la cuenta que el gobierno federal tendría que meter en prisión a decenas de miles de familias y eso sería imposible”, subraya Saldaña Rodríguez.
El remedio sin duda, sugiere, es ofrecerles trabajo bien remunerado en la zona para resarcir el daño al tejido social; si esta opción no es permanente, el asistencialismo no les ayudará. De lo contrario, advierte, el giro delictivo será el halconeo, el secuestro, el sicariato o la extorsión.
“Hay que alertar al gobierno estatal del peligro de que muchas personas decidan cambiarse simplemente de modelo delictivo, hay una enorme probabilidad y esto puede generar un cataclismo que todavía no podemos medir”.
Ello, pues la estrategia de seguridad estará basada en golpes efectistas, es decir, redadas espectaculares y detención de “personajes importantes”, pero movimientos insignificantes para el mundo criminal.
La participación de mujeres y niños pertenecientes a las redes de protección de los huachicoleros limita por completo la estrategia de seguridad y el margen de maniobra de la próxima Guardia Nacional, ya que en sus operativos “lo pensarán dos veces” antes de responderles a los ataques, situación que aprovecharán los delincuentes, explica.
“El problema que le veo es que la Guardia Nacional, obvio la Marina y el Ejército, son fuerzas para combatir enemigos de forma abierta y esto es un proceso de guerra irregular, es decir, no están combatiendo con delincuentes varones, bien armados, dispuestos a todo, están también combatiendo contra familias y niños que ya se dedican a la actividad delictiva”, puntualizó.
Por otra parte, el enrarecimiento político no sólo ocasionado por el conflicto poselectoral en la entidad, sino por el cambio de gobierno a nivel federal, estatal y municipal ha ocasionado un terremoto en todas las fuerzas de seguridad, lo que da luz verde a los grupos criminales para mantener sus actividades, pues consideran que en este periodo no hay un “aparato perseguidor lo suficientemente amenazante” para frenarlos.
