En un contundente llamado dirigido a los legisladores locales de Puebla, médicos y profesionales de la salud de distintos puntos del país han unido fuerzas para exigir la despenalización del aborto en la entidad, destacando las consecuencias devastadoras de mantener una legislación restrictiva en esta materia.
En un breve pero poderoso video difundido ampliamente, ginecólogos de diversas regiones de México recordaron que, a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto, el código penal de Puebla continúa criminalizando esta práctica. Este desfase legal, argumentan, no solo perpetúa prácticas inseguras para mujeres y niñas, sino que también obstaculiza la labor médica destinada a proteger la salud de las pacientes.
Cada día, lamentan, los profesionales de la salud se enfrentan a las secuelas de abortos inseguros. Puebla ocupa actualmente el cuarto lugar nacional en muertes maternas, con más de 90,000 mujeres hospitalizadas anualmente debido a complicaciones derivadas de abortos clandestinos.
Según los manifestantes, la despenalización del aborto no solo es un acto de justicia social, sino también una medida crucial para garantizar la salud y autonomía de las mujeres y personas gestantes. Argumentan que cuando el aborto se realiza en condiciones seguras y con el apoyo adecuado, se protege la vida y la salud de miles de mujeres y niñas en todo el país.
“Diputados y diputadas, prioricemos la salud de nuestra población. Criminalizar el aborto pone en riesgo a mujeres y niñas”, enfatizan en el video.
La omisión de los legisladores locales, niega a las mujeres la autonomía sobre sus propios cuerpos, privándolas del derecho fundamental a decidir sobre su maternidad y su futuro. Esta falta de acción legislativa, señalan, obliga a muchas mujeres a recurrir a procedimientos clandestinos que ponen en grave peligro su salud e incluso sus vidas.
El movimiento por la despenalización del aborto en Puebla no solo destaca la urgente necesidad de reformar las leyes locales para alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos, sino que también subraya la responsabilidad del estado en garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y legales para todas las mujeres y personas gestantes.
Ante esta presión creciente, queda en manos de los legisladores poblanos tomar una decisión informada y responsable que priorice la salud y los derechos de las mujeres, poniendo fin a una larga historia de criminalización que solo ha exacerbado los riesgos para la población femenina del estado.