En otros países, cuando ministros o secretario de gobierno están involucrados en el desvío de millones de pesos de las finanzas públicas, es un escándalo y a la revelación le siguen las renuncias y las aprehensiones de los responsables.
Pero en México, siguiendo la herencia maldita de la corrupción priista en los gobiernos federal y estatales, los de Morena de la Cuarta Transformación cometen atracos al dinero público, pero no pasa nada.
Hace un par de semanas el periodista especializado en temas financieros, Alejandro Mondragón, abrió la cloaca en el manejo de las finanzas estatales durante la gestión del difunto Migue Barbosa Huerta.
La cifra de una inversión con baja tasa de interés en la administración de Barbosa ascendió a más de 6 mil 800 millones de peso, una mezcla de recursos federales y estatal canalizados por la impune ex secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Corro.
Los 6 mil 800 mdp fueron trasladaos a la institución financiera Fóndika SA de CV a través de Juan Carlos García Pelayo, un operador financiero, presunta pareja sentimental de la ex titular de la SPF.
La señora Corro, defendida por la viuda de Barbosa (actual diputada federal electa por Tehuacán) durante el gobierno sustituto para permanecer en el cargo, ya estaba en el banquillo de los acusados por la pérdida de 600 mdp de la inversión “fallida” en Banco Accendo.
Es difícil excluir la responsabilidad de Barbosa Huerta en estas operaciones financieras que le causaron un daño patrimonial al estado, un gobernador que tenía un férreo control del gobierno, de la Fiscalía General y de los Poderes Legislativo y Judicial.
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en una de sus conferencias mañaneras que falló el Insabi, reconocimiento que no hizo antes y durante las campañas electorales, el gobierno sustituto y entrante deberían hacer lo propio: admitir el saqueó a las finanzas y aplicar la ley.
Respecto a la inversión de 6 mil 800 mdp canalizados a Fóndika, el secretario de Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien supuestamente se enteró del caso por la revelación periodística, aclaró, solo eso, que el dinero estatal “se recuperó”, no obstante habrían causado un daño al erario debido, pero desconoce el monto.
La explicación de Moreno Valle Abdala -además de ridícula refleja la ineficiencia- solo se limitó a anunciar el inicio de una “investigación” y dará parte a la federación porque de los 6 mil 800 mil, más de 3 mil 600 son parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAEF), y el resto del estado, pero tampoco explicó de qué rubros.
El “hoyo financiero” causado por Miguel Barbosa a las finanzas estatales a través de mano derecha en el manejo de las finanzas públicas, María Teresa Corro, es un “papa caliente” para el gobierno entrante de Alejandro Armenta.
Los principios obradoristas de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar el pueblo, alguien los tiene que restituir en el estado, porque el oficialismo se desgarró las vestiduras “contra la corrupción y los privilegios”, y ahora no hay manera de echarle la culpa por la corrupción a los gobiernos del pasado del PRIAN.
La revelación de las inversiones truculentas de los 600 mdp en el desaparecido Banco Accendo y los 6 mil 800 en la financiera Fóndika, es una manera de la “lavarse” las manos por parte del gobierno en turno, en la entrega de la administración al gobernador entrante.
La sociedad poblana -y en especial los votantes- merecen una explicación del “hoyo financiero”, incluidas las cuentas del gobierno interino de 2018, y la herencia financiera del morenovallismo.