El gobierno estatal amplió el plazo hasta el 31 de julio de 2024 para que los funcionarios de la administración pública poblana entreguen su declaración patrimonial.
La información fue publicada por el Ejecutivo local en el Periódico Oficial el pasado viernes 31 de mayo.
Esto, a través de la publicación del acuerdo del secretario de la Función Pública estatal Juan Carlos Moreno Valle Abdala, “por el que amplía el plazo para presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés 2024, prevista en los artículos 32 y 33 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
El acuerdo anuncia que se amplió el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación,
Se detalla que el trámite es “…para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, que tengan que presentar su declaración en versión completa, la cual se presenta cuando el nivel jerárquico de su cargo sea igual o mayor a nivel de jefe de departamento u homólogo”.
Versión simplificada
En el caso del personal operativo, de base y sindicalizado, “el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en versión simplificada, la cual se presenta cuando el nivel jerárquico del cargo sea menor a nivel de jefe de departamento u homólogo, se amplía hasta el 31 de julio de 2024″.
En cuanto las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de inicio y conclusión, en la Administración Pública Estatal, “…continuarán presentándose en los plazos que prevén los artículos 32 y 33 fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
El documento detalla que el acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Todo lo anterior, explica el acuerdo, con base en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Constitución“… en combate a la corrupción, a través del cual se estableció la obligación de las personas servidoras públicas de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley”.
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