Desde el Congreso local solicitaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de Puebla, esto, luego de la presentación de un punto de acuerdo del diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez del Partido del Trabajo (PT).
El diputado presentó un exhorto ante la Comisión Permanente, en el que señaló el aumento del uso de estos dispositivos electrónicos en las aulas.
De acuerdo al INEGI en 2019 en México el porcentaje de niños de seis años en adelante que utilizan celular era del 74.9%.
Sin embargo, para el año 2022 aumentó a 79.2%, es decir, aumentó el uso de celulares entre niñas y niños de seis años en adelante.
De acuerdo a un informe de la UNICEF, el 25% de las y los adolescentes entre 12 y 17 años han vivido alguna forma de ciberacoso en el país, lo que señala que estos dispositivos electrónicos y el uso del internet pueden resultar peligrosos.
Indicó que el aumento en el uso de los celulares se da tras la pandemia de Covid-19, ya que la humanidad entera se tuvo que recluir en sus hogares, lo que generó el cambio en las modalidades de enseñanza.
“Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones regule el uso de los dispositivos móviles durante las clases, dándole total autoridad al docente de negar o permitir el uso del mismo, únicamente para cuestiones con fines de investigación académica o en sustitución de algún material escolar cuando así lo permita el programa”, dijo.
Destacó que el uso de las tecnologías reduce la interacción social y habilidades de comunicación, incluso entre compañeros de clase, afectando así sus habilidades de comunicación
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), en Puebla hay un millón 670 mil 773 alumnos de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior).
Este punto de acuerdo puede o no ser seguido por la SEP, ya que los exhortos solo son recomendaciones que hacen las y los legisladores a las instituciones públicas.
Por: PAOLA MACUITL GALLARDO