Nuevo no es. El problema de la inseguridad en la autopista Tlaxco-Tejocotal es de sobra conocido. Secuestros, asaltos, persecuciones y todo, sin que la empresa concesionaria PINFRA, actúe para hacer frente a los actos delictivos, mucho menos responder por los daños que causan a quienes religiosamente pagan la cuota de peaje que, por cierto, recientemente tuvo un nuevo incremento.
Este fin de semana se registraron tres nuevos asaltos, uno antes de la medianoche del sábado y los otros dos en la madrugada del mismo día. Camionetas todas, cuyos conductores y ocupantes fueron golpeados y conducidos al monte, muertos de miedo por lo que pudiera pasarles.
Ahí, como pudieron, dieron aviso de lo ocurrido y acudieron a rescatarlos.
¿Y después? Nada. Silencio. Eso sí, a pesar de las múltiples quejas, los accesos clandestinos a las comunidades de Chignahuapan, Zacatlán y Ahuazotepec, por donde resulta más sencillo huir a los perpetradores, siguen abiertos.
Incluso, se han registrado fatídicos accidentes resultado de los camiones de carga, camionetas y vehículos que sin precaución alguna entran o salen de estas veredas y… nada. Nada pasa.
Y hay que decirlo, la Policía Estatal sí patrulla la zona. De manera constantes dos o tres unidades recorren la autopista, sin embargo, como ya lo ha dicho el gobernador Sergio Salomón Céspedes, la seguridad es una tarea de todos.
Por eso la insistencia sobre el actuar de la empresa concesionaria PINFRA. ¿A qué santo le prenden sus veladoras que los delitos pueden seguir ocurriendo en el tramo lo mismo de Chignahuapan, que de Zacatlán, sin que se haga efectiva su responsabilidad?
Sólo un dato más, hasta 2022, se estimaba que sus ingresos anuales eran de 150 millones de pesos. ¿No tendrán lo suficiente para montar un eficiente sistema de seguridad que incluya patrullaje y de paso el cierre de los accesos clandestinos?
Y bien podría decirse “ya no usen la autopista”, sin embargo, la vía ahorra en promedio 15 o hasta 20 minutos en comparación con la carretera federal o, en el último de los casos es un servicio por el que se paga y, por tanto, tiene que exigirse sea de calidad.
Urge una solución.
Por JÉSICA BALTAZARES