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La extitular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado, María Teresa Castro Corro, sigue bajo investigación por su posible responsabilidad en los hoyos financieros originados en la administración del difunto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
La actual titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero, reveló que su antecesora sigue recibiendo y dando contestación a los requerimientos que le son formulados como parte de las indagatorias.
En entrevista este martes señaló que no ha concluido el análisis de las observaciones del proceso entrega-recepción, por lo que todavía no se han cerrado los casos de la inversión fallida en Accendo Banco y el adeudo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La secretaria precisó que hasta ahora Castro Corro no ha comparecido personalmente porque no se le ha requerido, pero ha colaborado con la entrega de toda la información que se le ha pedido.
El actual gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha revelado tres probables daños patrimoniales que suman un total de 3 mil 922.3 millones de pesos.
De ese monto, el gobierno barbosista carga con la aparente pérdida de 1 mil 322 millones de pesos, por un adeudo de 722.3 millones con el SAT y por una inversión sin éxito de 600 millones de pesos en Accendo Banco.
EL ORIGEN
El crédito fiscal se produjo porque el gobierno de Miguel Barbosa y el interino de Guillermo Pacheco Pulido calcularon mal cuánto debía pagarse del Impuesto sobre la Renta (ISR) por todo el personal al servicio del Estado.
Al momento de declarar los impuestos no se tomó en cuenta la retención proporcional de la despensa que recibió el personal, de enero a diciembre de 2019 y de mayo a diciembre de 2020, así que posteriormente el SAT reclamó el monto faltante.
El caso de Accendo derivó en la renuncia de Castro Corro en junio pasado, luego de comparecer ante el Congreso del estado, donde reconoció que no hay garantía de que se pueda recuperar el recurso porque hay más de 300 acreedores.
También reveló que el gobierno realizó operaciones por más de 6 mil millones de pesos con el mismo banco antes de quebrar, pues defendió que era una institución seria y segura, aunque la última inversión, hecha en junio de 2021, ya no se pudo recuperar porque tres meses después llegó la quiebra y posteriormente la fase de liquidación.
Los otros 2 mil 600 millones de pesos corresponden a un boquete financiero atribuido al gobierno de Rafael Moreno Valle, provocado también por pagar al SAT menos ISR del que se debía, pero se alcanzó esa cifra porque, en vez de pagarlo, el gobierno morenovallista prefirió litigar el crédito fiscal con la intención de reducir el monto, pero perdió el caso y al adeudo original se sumaron los intereses generados durante el juicio.