La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a PEMEX y al ayuntamiento de Puebla de la explosión de una toma clandestina de gas en San Pablo Xochimehuacan. Esto sucedió la madrugada del 31 de octubre de 2021.
A casi dos años de aquel siniestro que provocó la muerte de cinco personas, 254 heridos y daños en 262 viviendas, el organismo emitió una recomendación para instruir la reparación del daño a las víctimas.
La resolución 169/2023, concluyó que Petróleos Mexicanos (PEMEX), PEMEX Logística y el ayuntamiento fueron omisos en supervisar el ducto de gas LP que cruza por la zona norte de la ciudad, sobre el cual había decenas de viviendas, pese a que leyes federales y locales prohíben cualquier tipo de construcción.
A decir de la CDNH, los tres entes tenían la obligación de supervisar el derecho de vía y sancionar, incluso con la demolición y el desalojo, cualquier tipo de construcción que se encontrara en la zona prohibida.
Derecho de las víctimas
Por tal motivo, este organismo los declaró responsables de la construcción irregular en la zona, de la toma clandestina, de la explosión y de las muertes, ya que todo se derivó de una omisión de las debidas diligencias, con lo cual se vulneró el derecho humano a la vida de las víctimas.
“Ante la falta de debida diligencia por parte de PEMEX, PEMEX Logística y el ayuntamiento de Puebla, para adoptar las medidas necesarias en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y/o el derecho de vía en el lugar de los hechos, resultan responsables de las consecuencias de la extracción ilegal de gas, en tanto que tienen un deber de cuidado por y frente al riesgo creado por las actividades de distribución y transporte por ductos de sustancias peligrosas como el gas”, sentencia el documento.
Por lo anterior, se instruyó a las tres instituciones llevar a cabo medidas de restitución, compensación y rehabilitación en favor de las personas afectadas, además de garantizar la no repetición de los hechos.