Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza una embestida contra jueces de Puebla acusándolos de “favorecer a delincuentes”, en lo que va del sexenio el Consejo de la Judicatura únicamente ha emitido 26 sanciones contra personal del poder Judicial del estado y nueve involucran a jueces, aunque ninguna por faltas graves.

En semanas recientes el mandatario federal ha utilizado su conferencia matutina para señalar a jueces que considera que han emitido sentencias “desfavorables a los intereses de la justicia”, por lo que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina convocó a realzar una revisión del poder Judicial, pues reconoció que no funciona adecuadamente y se debe responsabilizar a quienes no hagan bien su trabajo.

En el caso de Puebla, se han exhibido los nombres y fotografías de los jueces Aarón Hernández Chino, de Zacatlán; Francisco Javier Martínez Castillo, de Puebla capital, y Salvador Hernández Martínez, de Izúcar de Matamoros, aunque hasta ahora ninguno tiene sanciones.

De acuerdo con el registro de servidores públicos sancionados, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el primer semestre de 2023 el poder Judicial del estado no emitió ninguna sanción contra el personal, igual que en los años 2018 y 2019.

No obstante, Carlos Palafox Galeana, presidente del Consejo de la Judicatura del estado, reveló la semana pasada que están abiertos 160 procedimientos, de los cuales, 60 son contra jueces de primera instancia, incluidos los señalados en la conferencia presidencial.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del estado señala en su artículo 86 que los jueces y juezas solo pueden enfrentar responsabilidad por sus interpretaciones o resoluciones “cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe”, aunque también pueden ser sancionados con suspensiones, inhabilitaciones, multas o amonestaciones por faltas administrativas no graves.

Las sanciones en el poder Judicial de Puebla

En 2022 se impusieron nueve castigos, dos de ellos contra Roberto Mendoza Salmorán y Enrique Zepeda Camacho, jueces de los distritos judiciales de Huauchinango y Atlixco, respectivamente.

El primero solo recibió una amonestación pública por demorar en el trámite de un asunto y el segundo una multa de 20 mil pesos por ausentarse de sus funciones sin permiso del Consejo de la Judicatura.

Otras personas penalizadas fueron: María Hilaria Muñoz Corona, secretaria de Estudio y Cuenta, quien tuvo una multa de 3 mil 774 pesos; Roberto Vega Gregorio, secretario de Acuerdos, con una amonestación pública, igual que el diligenciario Miguel Ángel Rosas Vázquez, así como el diligenciario José Moisés Rosas Calderón, multado con 844.90 pesos y la secretaria de Acuerdos Velia Isaías Solís Torres, con una amonestación pública.

En 2021 se dictaron siete sanciones, dos de ellas contra los jueces José Hugo Salvador González Jiménez y Felipe de Jesús Ventura Hernández, quienes fueron suspendidos, el primero por 30 días por realizar mal la radicación de un asunto y el segundo por cuatro meses por incumplir resoluciones ordenadas por superiores.

El mismo año el juez Ventura Hernández fue multado con 11 mil 336 pesos por emitir una sentencia condenatoria sin contar con competencia legal.

La secretaria de Acuerdos Alejandra Valdés García, recibió una sanción económica de 7 mil 85 pesos por descuido en el trámite de copias certificadas; la Oficial Mayor María del Pilar Rojas Alemán, tuvo una multa de 4 mil 251 pesos por incumplir con la obligación de custodiar un expediente, mientras que por el extravío de un documento, se multó con 755 pesos a la secretaria de Acuerdos Maribel Fernández Uribe, y Martha García Colonnier, secretaria de Estudio y Cuenta, tuvo una amonestación privada.

En 2020 hubo diez sanciones y cuatro fueron en contra de jueces, uno de ellos González Jiménez, suspendido durante 30 días por no observar disposiciones legales aplicables a un proceso penal que realizó.

También se suspendió por 15 días al juez Venustiano Islas López, por faltas administrativas que no se especificaron, y el juez Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez se hizo acreedor a dos amonestaciones privadas el mismo año, ambas por conceder en un proceso penal un plazo injustificado.

Dos sanciones económicas involucraron a la comisaria Victoriana Soriano Marcelino, una de 12 mil 322 pesos por el extravío de un proceso, y otra de 9 mil 241 pesos por omitir la entrega de documentos y mobiliario que se encontraban en su poder para realizar su trabajo.

El auxiliar de Oficialía Manuel Martínez Coca fue multado con 616 pesos por ausentarse de sus labores sin contar con licencia o permiso, en tanto que recibieron amonestaciones el diligenciario Ignacio Pedraza Rojas; la taquimecanógrafa Teresa Toxtle Guerra, y la Oficial Mayor Juana Pérez Carmona.

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