La nueva ubicación del PAN Puebla ha sembrado discordia en el panismo por la opacidad de la dirigencia estatal que encabeza Augusta Díaz de Rivera Hernández, pues ha ocultado los contratos y el costo real de la obra, mientras panistas críticos acusan falta de recursos para los comités municipales y abandono de la militancia.

El Comité Directivo Estatal (CDE) proyectó un costo de 7 millones de pesos, por lo que el Consejo Estatal autorizó este monto en el presupuesto de 2023, sin embargo, militantes inconformes sostienen que ya se gastó más del doble y aún no concluyen los trabajos.

El antiguo CDE ubicado en el número 6104 de la calle Tulipanes, en la colonia Bugambilias, sigue igual, pero donde antes había un estacionamiento, ahora hay un nuevo edificio de tres plantas y un pequeño estacionamiento, aunque sin ventanas y solo una puerta de cristal.

En el lugar, personal de la construcción labora a marchas forzadas, incluso los fines de semana, ya que debieron concluir el mes pasado y todavía faltan los acabados y algunos “detalles”.

Los trabajadores portan uniformes con la leyenda “Nitro”, pero afirmaron que fueron subcontratados solo para realizar los acabados, ya que la construcción se ejecutó por otra empresa, así que no pudieron dar detalles del edificio.

El proyecto y características también son desconocidos por integrantes del Consejo Estatal, la militancia e incluso por vecinos de la calle Tulipanes, ya que algunas personas consultadas por este medio creían que sería un local comercial, por la fachada y el diseño.

La semana antepasada un columnista difundió una supuesta licencia de construcción otorgada por la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla, donde autorizaba al PAN construir un estacionamiento subterráneo y hasta un helipuerto, sin embargo, en el lugar se encontró que no hay estacionamiento subterráneo y los trabajadores descartaron el helipuerto por las características del edificio.

Lo único que revelaron es que se hizo una puerta en una pared lateral de la antigua sede para comunicar a ambos edificios, pero no hubo alguna otra intervención al CDE original.

 

¿Y la transparencia?

Los contratos de la obra son otro misterio, ya que no hay rastro de ellos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a pesar de que Díaz de Rivera sostiene que sí están publicados cada vez que se le cuestiona al respecto.

La turbiedad no se reduce solo a las nuevas oficinas, sino a todos los gastos del partido de este año, ya que en la PNT no hay ningún contrato publicado sobre adquisición de bienes o servicios, aunque por ley deban transparentarse.

Este año el blanquiazul recibió 55 millones de pesos de financiamiento público, pero a casi tres meses de concluir el 2023 se desconoce en qué se han utilizado.

Del presupuesto de 2022, la dirigencia solo difundió seis contratos que suman apenas 1.4 millones de pesos, de los cuales, el más oneroso fue de 430 mil pesos para el mantenimiento y remodelación de oficinas del partido, aunque no precisa en qué consistieron los trabajos. 

Por todo esto, la diputada federal y exdirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas; el diputado local Eduardo Alcántara Montiel y el exalcalde interino de Puebla, Héctor Octavio Montiel García, han cuestionado la gestión de Díaz de Rivera y han pugnado por una auditoría.

Alcántara Montiel ha estimado un sobrecosto de 10 millones de pesos en la construcción del nuevo edificio, así que el gasto podría ser de 17 millones, por lo que ha advertido que para financiar la obra, la dirigencia pretende vender una casona del Barrio de Santiago, donde era la antigua sede del comité municipal del PAN en Puebla capital.

Huerta Villegas ha reclamado varias veces que era innecesario ampliar las oficinas y que el dinero debió utilizarse en fortalecer los comités municipales, capacitar a militantes mujeres que aspiren a candidaturas, e incluso en propaganda, para hacer frente a todas las bardas y espectaculares de aspirantes de Morena.

Mientras tanto, en lugar de aclarar las dudas y transparentar los contratos, Díaz de Rivera ha optado por negar las acusaciones y atribuirlas a que ambos legisladores enfrentan procesos sancionadores en el PAN: Huerta Villegas por un presunto mal uso de recursos en su gestión, y Alcántara Montiel por ejercer violencia política contra la militante Erika de la Vega Gutiérrez.