Durante la actual administración actores políticos que fueron encarcelados en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta han obtenido su libertad, al menos ocho han dejado la cárcel y más de tres han recuperado algunos privilegios tras la muerte del exmandatario, mientras que otros que enfrentaban acusaciones en libertad, han sido exonerados o cesaron las investigaciones en su contra.
En la lista hay funcionarios emanados de Morena y excolaboradores de los exgobernadores Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad y Mario Marín Torres, pero todos tienen en común episodios de desencuentros con Barbosa Huerta, quien los descalificó públicamente y acusó de actividades ilícitas.
El beneficiario más reciente es el exsecretario de Gobernación del estado en el último año de gobierno de Marín Torres, el priista Valentín Meneses Rojas, quien fue absuelto la semana pasada de delitos contra la administración de justicia, luego de estar vinculado a proceso por dos años.
Fue exonerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del estado, que determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no acreditó los actos ilícitos atribuidos al exfuncionario, detenido el 6 de febrero de 2021, aunque desde mayo de ese año dejó la cárcel y enfrentaba su proceso en libertad.
También la semana pasada el exalcalde de Tehuacán por Morena, Felipe Patjane Martínez, dejó el reclusorio de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez y fue trasladado al penal regional del municipio que gobernó para el periodo 2018-2021.
Su traslado se dio luego de promover varios amparos y unas semanas después de que intercedió por él Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia y aspirante presidencial, ya que acusó que su encarcelamiento fue por cuestiones políticas y pidió al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina revisar el caso.
Patjane Martínez fue detenido el 15 de noviembre de 2019 acusado de varios delitos y en noviembre de 2022 recibió la primera sentencia de seis años de prisión solo por abuso de autoridad, aunque su defensa sigue en busca de revocar esa pena, así como las vinculaciones a proceso por enriquecimiento ilícito y por uso ilegal de funciones.
Hace dos semanas también fue trasladado al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, el exsecretario de la Contraloría en el gobierno de Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón Herrera, proveniente del penal federal 14 ubicado en Durango, donde estaba recluido desde enero de 2022.
Con un amparo el exdiputado federal panista volvió al Cereso estatal para continuar con los procesos que enfrenta por extorsión, amenazas, enriquecimiento indebido y por falsear información en su declaración patrimonial.
En octubre y en diciembre del año pasado Castañón Herrera recibió dos sentencias, una de siete años y seis meses de prisión por el delito de extorsión, y otra de cinco años por no presentar su declaración patrimonial varios meses y por ocultar bienes cuando sí la presentó, así que busca echar abajo estas penas y librar los otros cargos.
En mayo obtuvo su libertad el exalcalde panista de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, mediante un amparo que ordena reponer su vinculación a proceso por los delitos de desobediencia, amenazas y resistencia de particulares, por los que fue detenido en noviembre de 2022, así que ahora enfrenta su proceso fuera de la cárcel.
El mismo mes el presidente municipal de Piaxtla, Miguel Maceda Carrera, salió del penal de San Miguel para enfrentar en libertad su proceso por homicidio culposo, ejercicio indebido de funciones y encubrimiento, debido a que presuntamente protegió a policías municipales que mataron de una golpiza a un hombre que estaba detenido en la comandancia.
Igual en mayo salió de prisión Edwin Mora Caballero, expresidente municipal de Huaquechula, aprehendido a finales de 2021 por presunto uso de documentación falsa, delito que ahora enfrenta en libertad, aunque es recordado por acusar a Barbosa Huerta de cobrar “moches” a alcaldes para gestionar obras cuando fungió como senador, de 2012 a 2018.
En abril el exedil de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, abandonó la cárcel luego de cinco meses detenido por un presunto daño patrimonial de 22.7 millones de pesos, que habría cometido durante su administración de 2014 a 2018.
También ese mes fue liberado Rodolfo Chávez Escudero, exdirector del organismo Carreteras de Cuota Puebla (CPP), a quien se imputó un presunto daño patrimonial de 20 millones de pesos, por lo cual estuvo preso durante tres meses.
Días antes salió de prisión el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Alfonso Siriako Guillén Almaguer, tras dos años en el penal de San Miguel acusado de delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, fraude, asociación delictuosa y peculado, aunque mediante diversos recursos legales ha librado algunos cargos y otros ahora los enfrenta siendo libre.
A finales de marzo fue puesto en libertad Alejandro Martínez Fuentes, alcalde de Quecholac y primo de Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, presunto líder criminal dedicado al robo de combustible en la región. El edil estuvo año y medio en prisión acusado de ejercicio indebido de funciones, pero mediante amparos logró reponer su vinculación a proceso y continuará su proceso legal en libertad.