La iniciativa de reforma en materia administrativa que fortalece la rectoría del Estado sobre particulares, ha causado preocupación en representantes de la iniciativa privada quienes han advertido posibles afectaciones en las inversiones por la falta de certidumbre jurídica.

Y es que, señalan que justamente el respeto a las reglas en las negociaciones y al Estado de Derecho, son elementos claves que se establecen en los tratados internacionales –como el propio T-MEC– y que buscan los inversionistas en la relocalización de las cadenas de valor en el país (nearshoring).

A finales de marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa que, entre otras facultades, amplía el margen para la revocación de contratos, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias.

El proyecto también plantea que en los contratos con la Administración Pública Federal se debe incluir de manera obligatoria la “cláusula exorbitante” en la que “el Estado puede terminar la relación jurídica de manera anticipada y unilateral cuando así convenga al interés público, general o social”.

“La presente iniciativa obedece al mandato constitucional de cuidar los recursos del erario en la contratación de bienes, arrendamientos, servicios y obras públicas, al fortalecer la noción del contrato administrativo como aquel que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público”, se lee en el documento.

Mariano Calderón, socio de la firma de abogados Santamarina y Steta consideró que la iniciativa es sumamente desafortunada y va en contrasentido con el entorno económico del país y de la oportunidad de la llegada de nuevas inversiones por el nearshoring.

“Lo que buscan todas estas inversiones es certidumbre y seguridad jurídica y esta iniciativa genera el efecto contrario: abona a un elevadísimo grado de incertidumbre, a una absoluta inseguridad jurídica y abre la puerta a las actuaciones más discrecionales y arbitrarias por parte de la autoridad administrativa federal”, señaló.

“Por un lado decimos que estamos abiertos a la inversión y ávidos de recursos y queremos subir a esta ola del nearshoring, pero al mismo tiempo estamos pisando el freno generando incertidumbre e inseguridad jurídica, atentando contra la libre competencia, la libre concurrencia, contra la libertad de empleo, contra una serie de principios fundamentales que es lo que busca todo inversionista”, añadió.

“Se está pretendiendo una regresión en materia administrativa para darle la más amplia libertad, facultad y discrecionalidad al gobernante en turno de decidir qué en su opinión corresponde el interés general, el orden público y hacia qué pueden o no pueden hacer los inversionistas privados buscando siempre un beneficio y poner en ventaja al Gobierno frente al sector privado”, añadió.

Y es que, en la iniciativa signada por el presidente de la República, no existe ninguna definición que delimite bajo qué condiciones se podría ver afectado el interés público, general o social, y que provoquen la finalización de un contrato o la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias.

“Va a quedar a la decisión y a la voluntad individualísima del funcionario que esté sentado en ese momento en la oficina de Gobierno el decidir y calificar si algo es de interés público, si algo es de orden público o no, si algo pesa más para el interés social o no”, advirtió.

En ese mismo sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) añadió que se da paso a una amplia discrecionalidad por parte del Estado en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al generar incertidumbre en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos.

Kenneth Smith Ramos, exjefe negociador del T-MEC para México acotó que la referida reforma es contraria a los compromisos del tratado trilateral y a los objetivos de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Discrecionalidad y opacidad en condiciones de contratos y concesiones igual a incertidumbre jurídica”, compartió en su cuenta de Twitter.

En la iniciativa de reforma que todavía no entra en discusión en la Cámara de Diputados, también aborda el tema de las licitaciones públicas, formulando ampliar la adquisición de bienes del nivel nacional al internacional, cuando las investigaciones de mercado evidencien que se poder obtener mejores condiciones de precio, cantidad y calidad, con el objetivo de evitar prácticas consideradas “corruptas”.

En este punto, el documento refiere el caso de las compras de medicamentos para el sector salud, en el que las empresas “concertaban entre sí los precios para obligar al Gobierno mexicano a adquirirlos a costos desproporcionados frente a los existentes en el mercado internacional”.

De acuerdo con los tiempos legislativos, la iniciativa puede ser aprobada en el presente periodo ordinario.