Mucho más temprano de lo que supone, el nuevo secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte se debió percatar que la tarea que se le encomendó es la peor de la función pública, debido a la ralea de la que se compone la red de intereses de los concesionarios que cuidan con ferocidad pesos e intereses.

Evidencias abundan en todas partes, pero quiso el destino que así quedará patente a sólo 24 horas de haber llegado a la oficina de la colonia La Paz, cuando la noche de martes una unidad de la línea Galgos del Sur se fuera en contra de un auto particular sobre la avenida 16 de Septiembre, en el sur de la capital.

De acuerdo con el peritaje realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, el accidente que arrojó un saldo de 20 personas lesionadas, que requirieron hospitalización, “se derivó, presuntamente, por exceso de velocidad y falta de pericia por parte del conductor de la unidad de transporte público”, decía el parte de esa noche.

No hubo vidas que lamentar por razones que sólo se pueden explicar por la obra de la divina suerte o por la fe de los accidentados, pero ese escenario no está exento de la cotidianidad en la zona metropolitana que concentra la mayor cantidad de usuarios del sistema de transporte público y de unidades para prestar ese servicio.

Omar Álvarez se ha caracterizado por su conocimiento profundo de los eufemísticamente llamados “usos y costumbres” de los grupos de presión que operan en la zona metropolitana.

La encomienda que se le confirió puede ser la que mayor desafío supone, porque deberá poner en práctica toda la experiencia acuñada en el servicio público y de años de conocer a los plomeros que operan para el poder desde los sótanos y las cloacas.

El sistema de transporte público en el estado es uno de los pendientes que cada sexenio ha desatendido por razones que van desde la componenda electoral a la complacencia y la complicidad para obtener dividendos económicos y réditos electorales.

La lección está en los periodos de gobierno del priista Mario Marín Torres; el panista Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, quienes le dieron la vuelta a la solicitud de incremento a la tarifa de transporte por un interés político ulterior.

En el fondo se sabría que un incremento a las tarifas no dignificaría el servicio para la gente debido a la ambición desmedida de los concesionarios. En cambio, alimentaría la repulsa social en contra del gobierno en turno y, en menor medida, contra los operadores de las unidades.

Entre los concesionarios de transporte público ronda la idea de una nueva solicitud de incremento al boletaje para paliar el costo de la verificación vehicular, luego de habérselos permitido con Miguel Barbosa en el poder, único en enfrentar el costo político de una decisión que fue pospuesta en casi 14 años.

Álvarez deberá contener todos esos apetitos, pero, además, si la interpretación de lo dicho por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina no es errónea, deberá sentarlos a la misma mesa para diseñar esquemas de autorregulación.

La evidencia del pasado sugiere un resultado desastroso, porque en ese gremio no existe mucha gente de fiar. El nuevo encargado de Movilidad y Transporte no tiene más que dos opciones: someterlos o coludirse, o lo que es lo mismo: plomo o plata.

 

@FerMaldonadoMX