Norma Lucía Piña Hernández, identificada en el ala progresista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue elegida ayer como presidenta del máximo tribunal del país.
Jueza de trayectoria, según su programa de acción tendrá como prioridades defender la autonomía del Poder Judicial, combatir la corrupción y garantizar la seguridad de los juzgadores.
Tras asumir la presidencia, aseguró que se rompió el techo de cristal con el que se vislumbraba como inaccesible ese cargo para que, por primera vez, lo ocupara una mujer en el país.
“Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras; me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos”.
Debido a sus decisiones en la Corte, además de identificarse en el ala progresista del Pleno, la ministra Piña ha sido señalada por organizaciones civiles como una garantista de los Derechos Humanos y de juzgar con perspectiva de género.
Uno de sus principales proyectos es crear unidades especiales en la Suprema Corte: desde el impulso del conocimiento científico para impulsar los Derechos Humanos hasta medio ambiente, cambio climático y en materia de pueblos indígenas.
La primera mujer presidenta de la SCJN tendrá en el corto plazo varios retos por los asuntos de trascendencia para el país, los cuales deberá resolver el pleno, entre los que destacan la constitucionalidad de la reforma a las leyes electorales, conocido como Plan B, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; así como varios asuntos pendientes que tienen que ver con el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército.
Respecto a su labor como juzgadora, la mayoría de sus votaciones en el pleno del máximo tribunal han sido en contra de los proyectos de la llamada Cuarta Transformación. Entre los asuntos se destaca la Reforma Eléctrica y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Mientras que votó a favor del llamado acuerdo militarista, con el que se garantiza el uso del Ejército en tareas policiales hasta 2028.
En cuanto a temas generales, la nueva presidenta de la Corte ha fijado posiciones a favor del uso recreativo de la mariguana, además de votar para eliminar la prisión preventiva oficiosa, por considerarla violatoria de los Derechos Humanos y por la despenalización del aborto.
Líneas de acción
En el documento que presentó a sus pares para candidatearse a la Presidencia de la Corte, la ministra presidenta propone que en la SCJN se aplique la totalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, se actualice el Código de Ética, se establezcan reglas claras sobre las responsabilidades administrativas de los juzgadores y se impulse un acuerdo de combate a las malas prácticas en el Poder Judicial.
“La columna vertebral en la ejecución de mis funciones como presidenta será la independencia judicial, interna y externa, replanteada como un medio indispensable para garantizar una adecuada impartición de justicia, para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Porque la independencia judicial constituye la principal garantía de imparcialidad de la judicatura en beneficio de la sociedad”, indica sobre la defensa de la autonomía de la SCJN.
Ángel Cabrera