Los problemas regulatorios, la inseguridad, la corrupción y la falta de servicios básicos e infraestructuras deficientes son los principales desafíos a los que se enfrentan los emprendedores que buscan abrir una pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el diagnóstico “La odisea de abrir un negocio en México”.
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La incertidumbre jurídica y los altos costos fiscales, así como un gasto público y financiamiento limitados también obstaculizan a las Pymes, según el reporte del laboratorio de Políticas Públicas Ethos, que contó con el apoyo del CCE y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en México.
La entidad con menos obstáculos fue Jalisco, mientras que en el extremo opuesto se ubicó Puebla. La primera sobresalió debido principalmente a que existe poca incertidumbre jurídica, y a que la percepción de los empresarios sobre la calidad de los servicios básicos e infraestructura es alta.
En el caso de Puebla, el principal obstáculo para la actividad empresarial fue inseguridad, ya que cada organización sufrió en promedio 4.3 delitos al año, lo que la volvió la entidad con mayor incidencia delictiva por cada negocio en el país, además se consideró que hay una carga fiscal elevada, y gasto público y financiamiento limitados.
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El objetivo principal del estudio es comprender los factores que inhiben las intenciones de los emprendedores de abrir un negocio, y para ello se recogieron las respuestas de dos mil 250 micros, pequeños y medianos empresarios, refirió durante la presentación la directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de la organización, Dalia Toledo.
“El crimen organizado llega a solicitar hasta el 50% de los ingresos mensuales de los pequeños negocios”, aseguró la directora general de Ethos, Liliana Alvarado.
El director general ejecutivo del CCE, Javier Treviño, señaló la importancia de que se preste atención a estos rubros:
“Todos estos obstáculos (…) hacen que abrir un negocio se convierta, como dice el título, en una odisea (…), las familias pierden su patrimonio por el exceso de trámites caros y complejos en manos de gente incapaz y deshonesta, o bien, desisten ante la tardanza en esa expedición de licencias o por las condiciones de inseguridad”, señaló.
Agregó que es una labor conjunta del sector privado y el público “propiciar un cambio para poder apoyar y proteger a esos emprendedores” que asumen el reto de abrir un negocio.
“Desde la sociedad civil podemos contribuir a simplificar los procesos, e impulsar proyectos para mejora regulatoria y anticorrupción para facilitar la apertura de los negocios”, expresó Toledo a este diario.
La razón por la que se eligió el comercio al por menor para visualizar el panorama que aqueja al sector privado es porque representan 80% del total, y además son grandes generadoras de empleo al ocupar a cuatro de cada 10 personas.
El diagnóstico consta de tres elementos: la Herramienta Subnacional de Obstáculos Empresariales, que permite conocer en qué estados hay más obstáculos; la Encuesta de Percepción Empresarial, que refleja la opinión de los dos mil 250 empresarios en 15 municipios sobre la apertura y operación de sus negocios , y 17 reportajes en los que emprendedores, funcionarios y representantes de cámaras empresariales estatales de 15 municipios comparten experiencias.
LEG