Cuidar la gobernabilidad en un contexto de polarización política y enojo social, como el que se vive en México, es una alta responsabilidad para distintos niveles de gobierno por razones evidentes.
Nadie que tenga un asomo de sensatez, sin distingo partidario, credo o ideología podría apostar por un brote violento. Las repercusiones y facturas por saldar resultarían altísimas en términos de legitimidad y viabilidad política.
La reciente campaña desatada en redes sociales sobre el presunto ataque a la población del estado en próximas horas tiene una clara intención: el sabotaje.
Y tiene un referente del que la desmemoriada sociedad ya perdió de vista hace cinco años cuando el PRI gobernaba el país, con Enrique Peña Nieto, y el estado con el panista Rafael Moreno Valle.
Se trató de una campaña de miedo que suscitó robos y saqueos en establecimientos y tiendas de autoservicio, principalmente en el Estado de México, entre el 4 y 5 de enero de 2017.
Puebla registró actos vandálicos aislados, principalmente en el sur de la capital. Más dañino resultó el temor general entre padres de familia que saludaban como cada inicio año el advenimiento de un nuevo periodo con las compras de ese año nuevo.
La estrategia, que a través de cuentas de Twitter en las últimas horas buscó sembrar incertidumbre, está claramente dirigida a un segmento: el de la opinión pública.
Son miembros de un círculo interesado en la cosa pública, algunos de esos dados a suponer como verosímiles todo tipo de disparates, por descabellado que parezca.
Varios elementos permiten confirmar la fragilidad de la artificiosa campaña lanzada desde cuentas anónimas.
Haber compartido un supuesto mensaje de WhatsApp sin mostrar el número telefónico remitente abre la primera duda y permite aventurar un desenlace: quien desde Twitter compartió el mensaje está ante el supuesto de apología del delito, al almacenar y distribuir un contenido claramente ilegal.
Hay otros elementos que desmontan la hipotética acción prevista a partir del jueves próximo: los criminales a los que se hace referencia difícilmente conocen a quienes arrobaron el mensaje (el autor de la columna, entre otros perfiles), pues carecen de conocimientos en hipermedia y comunicación digital.
Sobradas muestras hemos tenido de la escasa cultura general que poseen los integrantes de cualquier cártel o agrupación delictiva, que apenas alcanzan a colocar cartulinas de pésima caligrafía y peor ortografía, en puentes y paraderos de ciudades del Bajío y norte del país.
Es curioso que teniendo la batalla por el control de Guanajuato o Jalisco, estén dispuestos desplegar una acción en Puebla para que el gobierno libere a “nuestra gente”, cuando ha sido ampliamente documentado que en el territorio no existen integrantes de cártel alguno.
Hace unos 12 años hubo un miembro menor del desaparecido Cártel de Los Zetas estuvo recluido en el penal de San Pedro Cholula y luego fue enviado a un penal federal.
Las pistas de la estrategia para sembrar miedo alcanzaron a empresarios decentes, prestadores de servicios y gente de bien. Eso es lo que buscaban los propagadores del miedo.
Menos mal que los Gobiernos de Puebla y de la capital tomaron las cosas con seriedad, a diferencia de aquel 2017, cuando la frivolidad gobernaba el país y Puebla.
@FerMaldonadoMX