Si lo que quiso decir Miguel Barbosa sobre las decenas de denuncias presentadas en contra de servidores públicos de gobiernos anteriores, de los “niveles más altos, de la ga a la g”, entonces Puebla deberá estar preparada para ver por primera vez en la historia a un exmandatario poblano investigado, imputado y procesado.
No hay que tener un máster en interpretación de señales crípticas del poder para entender que el actual gobernador se refería a Antonio Gali Fayad, el antecesor de Martha Erika Alonso tras una breve estadía en Casa Puebla, de febrero de 2017 a diciembre de 2018.
No es la primera vez que lo cita en sus ruedas de prensa matutinas, pero sí la primera que ocurre en el contexto de las últimas dos aprehensiones que tienen sometidos a proceso penal al suspendido titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, y del exsecretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría.
El primero, ya lo sabemos, fue aprehendido en su domicilio de La Vista, en la zona conurbada de la capital, el sábado alrededor de los 19:30 horas; el segundo, en un domicilio en el municipio de Atlixco, a las 22:30 del lunes.
Igualmente se trata de la primera vez que se refiere a dos personajes clave en las gestiones del propio Gali Fayad y el difunto Rafael Moreno Valle que decidieron “poner tierra de por medio”. Xavier Albizuri, exsecretario de Infraestructura; y Jorge Cruz, exdirector del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
Tampoco hay que entender a profundidad el Código Penal del Estado de Puebla para saber que ambos exservidores públicos de las últimas dos gestiones cobijadas por el Partido Acción Nacional se encuentran en calidad de evadidos de la justicia, prófugos de la ley, pues se encuentran en el supuesto de ser blanco de las “decenas de denuncias penales”.
Hace tiempo que Gali, Albizuri y Cruz no se encuentran en Puebla. La ausencia del primero es tema recurrente entre comensales en la casa club del exclusivo fraccionamiento de La Vista; de los otros dos, hace tiempo que los medios han documentado su virtual fuga.
No será el primero si es que el escenario previsto para el exmandatario se cumple.
Hace 28 años, Dante Delgado Rannauro, exgobernador interino de Veracruz tras la salida de Fernando Gutiérrez Barrios, fue imputado y procesado por el desvío de recursos federales, por lo que enfrentó un año y dos meses la pena corporal desde la cárcel de Pacho Viejo, en Coatepec.
Desde esa época a la fecha, varios han sido los exmandatarios procesados. Por presumible corrupción o por aliarse con grupos de delincuencia organizada. La diferencia no es mucho en medio de la polvareda levantada cuando un exgobernador es visto con traje color caqui tras las rejas.
La alternancia política llegó tarde a Puebla con el Movimiento de Regeneración Nacional. Mientras en otras entidades como Guanajuato, Baja California o Tlaxcala el cambio de mando y de partido eran una constante, Puebla vivía bajo un monolítico bipartidismo formado por PRI y PAN.
Ese paradigma ha cambiado, pero los legos, incluso quienes se asumen como iniciados, no han terminado de decodificar. Que su inocencia los redima.
@FerMaldonadoMX