Tras la reciente explosión ocurrida en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, perteneciente al municipio de Puebla, el diputado Eduardo Castillo López presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, donde propone duplicar las penas y sanciones económicas en contra de quien genere peligro para los bienes y personas mediante incendio, explosión, inundación o por cualquiera otra causa.

Se trata de una reforma al artículo 199 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en la que plantea elevar de 10 a 20 años de prisión la pena máxima por este delito, así como de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En la misma iniciativa, el diputado propuso elevar diez veces la sanción económica para las personas que cometan el delito de despojo, que actualmente se castiga con una multa de hasta 50 días de salario mínimo y se propone elevar a 500 veces el valor diario de la UMA.

Esta reforma al artículo 408 también incluye agraviantes en caso de que la propiedad que sea despojada se utilice para cometer hechos ilícitos.

En asuntos generales, el diputado Oswaldo Jiménez López presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno estatal que dentro del presupuesto del 2022 destine los recursos necesarios para que las viviendas que serán construidas en la zona de la explosión de San Pablo Xochimehuacan se desarrollen bajo el principio de vivienda sostenible, el cual fue turnado a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público y Vivienda.

En ocursos, se dio cuenta del oficio enviado por la Secretaría General de Gobierno por acuerdo del titular del Ejecutivo por el que se remite la Iniciativa para reformar las fracciones l y XIV del artículo 121 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.

El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.

Otra de las iniciativas que se recibieron en sesión ordinaria fue la enviada por la diputada Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez, quien propuso reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para incluir un modelo de parlamento abierto en el desempeño del Poder Legislativo del Estado, que garantice la transparencia, la máxima publicidad, la evaluación del desempeño legislativo, la interacción ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las y los diputados locales.