En 30 segundos, Miguel Barbosa echó por tierra la leyenda urbana que circuló entre la clase política desde hace semanas que sugería un pacto de impunidad para proteger a Alfonso Esparza Ortiz y quienes se aliaron con él desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde fueron lavados más de mil 400 millones de pesos.
La más disparatada de las versiones compartida de voz en voz era que desde la misma Presidencia de la República se había enviado una señal para sugerir o imponer mecanismos legales y recursos políticos para poner a salvo al rector universitario, a quien los involucrados en la trama han señalado de manera directa, según consta en la carpeta de investigación.
“Parece la nota tomada de información vista en un expediente; yo me quedo en eso, pero para no abundar en un asunto de señalamiento desde mi voz. Pero bueno, ahí que caminen los expedientes. Sólo eso voy a decir”, respondió al ser cuestionado por la entrega de la Parabólica del lunes 21.
Ciertamente el expediente del que podría convertirse en el segundo caso de mayor calado luego de la aprehensión de Eukid Castañón Herrera, descansa en las manos del autor de la columna.
Las versiones del presunto pacto de inmunidad para repeler cualquier investigación partieron de dos diferentes hipótesis: el despliegue informativo en torno a las actividades del propio titular de la Rectoría, como la inauguración de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos y la inacción ministerial para detener a una de las principales involucradas, María Isabel Martínez Hermoso.
De la poderosa mujer detrás del asiento que ocupa Esparza Ortiz, según ha trascendido entre los propios involucrados directos del complejo proceso de lavado de dinero de las arcas universitarias, no se encuentra ya en el territorio.
De su paradero aún es incierto, pero la cacería sigue. Su testimonio es clave para terminar con la reconstrucción de la extensa madeja de intereses económicos creados de 2014 a 2017 y que como ya se documentó en una entrega previa, también involucra al Tesorero General, Oscar Gilbón Rosete.
En torno de las actividades del propio Rector para construir una percepción más política que la propia de un académico ocupado en dotar de eficiencia administrativa al gobierno universitario, es palmario.
Lo mismo aparece con la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora de la propia BUAP que con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo.
Apenas el viernes 18 presumió en sus redes sociales una reunión con el presidente municipal electo de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, hijo del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, aliado político de otro rector, Enrique Doger Guerrero, crítico además de la Cuarta Transformación y quien en la campaña constitucional de 2018 hizo papel de golpeador del propio Miguel Barbosa.
La de Esparza Ortiz apunta más a la búsqueda de un asidero que lo ponga a salvo de la indagatoria en curso.
Qué lejos quedaron los tiempos en que el Rector de la BUAP se desempeñaba en un modesto puesto del área de contabilidad en la naciente empresa Volkswagen, en la década de los ‘80.
parabolica.mx escribe Fernando Maldonado