Las diligencias realizadas en las últimas horas a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), responden a un mandato federal para entregar el patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins a los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno.
En su conferencia de prensa matutina, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, señaló que los anteriores integrantes del Patronato fueron quienes llevaron a cabo todo tipo de acciones para dejar hueca a la fundación, por lo que fueron relevados.
“Lo que ocurrió ayer fue poner a los nuevos patrones, en posesión de un bien de un bien propiedad de la fundación eso es lo qué pasó”.
Señaló que fue resultado de una diligencia ordenada por un juez de lo civil de la Ciudad de México, ejecutado en Puebla que es donde opera la universidad. Dicho juez ordenó a un juez en Puebla que llevar a cabo la diligencia en colaboración entre órganos de justicia.
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Barbosa Huerta dijo que indicó que -cómo parte de esta colaboración- fueron elementos de seguridad pública los que apoyaron dicho operativo, descartando en todo momento en la participación de elementos de la Guardia Nacional.
En su conferencia de prensa el titular del poder ejecutivo señaló que hubo resistencia por parte del personal de seguridad y administrativo que encontraban en ese momento al interior de la universidad. Incluso se tiene conocimiento de que se registró de manera violenta la salida de algunos documentos del inmueble educativo.
Finalmente, señaló que serán los sitios que se siguen por la investigación respecto de la situación actual del patrimonio de dicha fundación los que determinen quién tiene la razón.
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