La existencia de una red de abogados que desde el poder litigan en favor de un conjunto de poderosos clientes, puestos bajo el escrutinio por sus presumibles actuaciones irregulares, deberá traer un periodo de turbulencia en Casa Aguayo.
El eje central desde donde se ha construido una red de intereses tiene un solo remitente: la oficina del Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, el cercano subalterno del gobernador Miguel Barbosa y principal encargado del desmantelamiento de la red de notarías entregadas a los incondicionales del fallecido Rafael Moreno Valle, muchos de ellos sin la experiencia debida para desempeñar el trabajo de fedatarios.
Dos nombres cobran relevancia en la historia de conflictos de interés: Ernesto Ramírez López, asesor en 2019 del imputado Eukid Castañón en la obtención del amparo federal para evitar el congelamiento de cuentas a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, y del que tanto se ufanaba, y que en marzo de 2020 terminaría sometido a proceso por el supuesto delito de extorsión.
Este personaje tiene relación familiar -son primos- con quien fue secretaria particular del exgobernador Antonio Gali Fayad, María de la Luz Aguirre Barbosa, y quien ahora preside la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, desde marzo de 2018.
Luego de ser Consejero Jurídico, fue nombrado por Gali Fayad como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en mayo de 2018, ante la presencia del exmandatario, del exsecretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano; y el exfiscal General, Víctor Carrancá Bourget.
Este último, a través del Despacho Araujo, González, Peimbert, Rebolledo y Carrancá (AGPyC Consultores Legales), también provee de asesoramiento a Castañón Herrera, interno del penal de Tepexi de Rodríguez a través de tres de sus abonados: Juan Antonio Araujo Palacio, César Omar González Hernández y Daniel Carrancá de la Mora.
De manera histórica, en el Foro Poblano es bien conocido que el actual Consejero Jurídico, Velázquez Cruz, Meza Viveros y Ramírez López han sido socios de despacho en múltiples asuntos de carácter jurídico.
Ramírez López es socio del abogado Carlos Meza Viveros, asesor de Luis Cobos, el candidato en Tehuacán de la coalición Va por México, detenido en abril de este año y a quien se le relacionó con obras sin efectuar en materia de infraestructura a su paso por la presidencia de Tehuacán.
El otro abogado es Armando Ramírez López, quien por instrucciones del Consejero Jurídico, está dedicado a cabildear para obtener resoluciones favorables al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, sobre quien existen indagatorias por el presunto delito de lavado de dinero.
Ramírez Reyes es subconsejero Jurídico, Consultivo y Normativo de la Consejería Jurídica de la que el propio Ricardo Velázquez es titular. Fue además secretario de Estudio y Cuenta con Gerardo Saravia, el expresidente del Tribunal Electoral del Estado, que fue llevado al cargo en el auge de los afanes presidencialistas de Moreno Valle en 2017. La madeja es compleja, pero los vasos comunicantes están a la vista.
@FerMaldonadoMX
Parabólica por Fernando Maldonado