Este martes 27 estaremos ante la confirmación de la existencia de una nomenclatura criminal heredada en el Tribunal Superior de Justicia, en la que un conjunto de abogados de barandilla operan para poner a salvo del brazo de la ley a criminales, ergo: homicidas.
Compadrazgo, amiguismo, tráfico de influencias y, probablemente, dinero subrepticio son ingredientes que en el ámbito de los tribunales propician que casos de homicidio calificado sean retrasados por un grupo de juzgadores sin ética, en detrimento de familias que se duelen por la ausencia de víctimas mortales. Todos tienen nombre y apellido.
En ese contexto se inscribe el caso del joven productor de radio y televisión, Erik Ernesto Bolio López, asesinado la noche del 29 de abril de hace cuatro años a bordo de la unidad 7 de la ruta 27 A, sobre la 9 Norte, casi 30 Poniente y que generó enorme indignación general.
En aquel abril de 2017, el clima de seguridad vivía una de las peores crisis con un gobernador distraído en sus afanes de ser candidato presidencial, como Rafael Moreno Valle, y un titular del Poder Judicial pernicioso, Roberto Flores Toledano, aún incrustado en el Poder Judicial.
Bolio López murió por el impacto de un arma de fuego en la cabeza. De acuerdo con la necropsia, sufrió hemorragia subaracnoidea de hemisferio izquierdo secundaria a contusión cerebral y traumatismo toracovisceral secundario de herida penetrante producida por un proyectil disparado por arma de fuego, según establece la carpeta de investigación 6632/2017/Zona Centro.
Al homicida del muchacho muerto se le conoce como el “Kalusha”, Rafael H. Sus abogados defensores, Nicolás Machorro Contreras, Silvia Baños Rosales y José Luis Ramírez Téllez, han podido influir en el criterio laxo de la juez que conoce de la causa, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, misma que de acuerdo con La Jornada de Oriente (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/con-documentos-asegura-el-tonin-que-no-hay-orden-de-aprehension-en-su-contra/) entregó al presunto líder huachicolero, “El Toñín”, un documento que lo exonera de acción penal.
Aunque el periodo complementario debió quedar cerrado el 20 de enero de 2018, ha sido imposible por la voluntad sospechosa de la juzgadora que ha ordenado, una y otra vez, desde hace tres años abrir la indagatoria para “echarles una manita” al equipo de la defensa.
Es una trampa que podría favorecer al asaltante armado que amenazó a su víctima con un perentorio “a ver si no traes nada”, El Kalusha, a quien todo mundo señala como el homicida que accionó el arma que arrebató la vida a Bolio, incluso por lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
La enésima audiencia que está por llevarse al cabo este martes volverá a abonar a la sospecha fundada sobre la existencia de acuerdos al margen de la norma entre los abogados defensores del virtual responsable de la muerte del joven, que en vida fue responsable de la producción del programa para streaming, México Prioridad.
La conducta de la juez que conoce de la causa se inscribe en el contexto general de un grupo de juzgadores que operan en sentido inverso al nuevo paradigma que busca la dignificación del Tribunal Superior de Justicia.
El magistrado Héctor Sánchez Sánchez ha dejado escapar la oportunidad de consolidar la confianza con el régimen de la Cuarta Transformación. Los favores oficiosos del conjunto de juzgadores con probados delincuentes abonan a la sospecha de que el régimen faccioso del pasado aún permanece, sin alteración alguna.
Parabólica escribe Fernando Maldonado