El proceso de adjudicación de un monto de 345 millones de pesos del presupuesto de 2019 en el municipio de Puebla, en 125 empresas de reciente creación, refleja la “compra de pánico” para evitar que la gestión de Claudia Rivera Vivanco cayera en un subejercicio en el último tramo de ese periodo anual, como había criticado la oposición en el Cabildo.

De acuerdo con un amplio análisis al que tuvo acceso 24 Horas Puebla: El Diario Sin Límites, el mecanismo de gasto en un periodo breve de ese ejercicio fiscal debió recurrir a una amplia gama de empresas que facturan operaciones simuladas localizadas en Puebla, pero también en el Estado de México y Oaxaca.

Operan en domicilios abandonados, pequeños locales comerciales o viviendas de clase modesta en la capital, pero con una característica única: todas tienen menos de un año de haber sido constituidas.

Es el caso de Ediciones Gráficas de Puebla S. de R.L. de C.V., que apenas luego de un mes de creación, el 16 de octubre consiguió dos contratos por medio millón de pesos cada uno, el 20 de noviembre y 2 de diciembre de ese 2019, establecen los folios del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Ambos contratos, según la descripción, fueron otorgados por servicios de publicación y difusión del quehacer gubernamental del ayuntamiento del municipio de Puebla y su dirección fiscal está ubicada en un edifico residencial en el número 6 de la calle de Piaxtla en La Paz, en la capital de Puebla.

Los socios accionistas son dos periodistas reconocidos en Puebla, José Hanan Budib y Erick Becerra Rodríguez. Aunque ambos tienen amplio conocimiento de la tarea de comunicación y difusión, sin embargo, “no encuadra en los extremos que marca la Ley de Adquisiciones, pues no acredita la suficiente experiencia”, establece un análisis referido.

Es el caso de la empresa gastronómica Jague S.A. de C.V., cuya dirección se encuentra en Avenida del Sol 2509 en la colonia San Rafael, a unos metros de la Ibero Puebla, en San Andrés Cholula, en donde funciona una llantera, una tienda de conveniencia y un antro.

Ganó una licitación pública nacional (fallo CMASDS-LP-554/2019) por un monto de 4 millones 850 mil 948 pesos, por el concepto adquisición y suministro para comedores escolares.

Antes de ese contrato con el ayuntamiento de Puebla, sólo había facturado dos servicios, la tercera fue para la gestión de la Cuarta Transformación desde donde se dicen convencidos del credo lopezobradorista: “no robar, no mentir y no traicionar”.

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Mientras Claudia Rivera Vivanco y su grupo esperan que la encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional la favorezca para ser, otra vez, abanderada a la alcaldía como ocurrió en 2018, la forma de operar un complejo esquema de dispersión de dinero público por 345 millones de pesos encuadra en supuestos legales.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, establece como faltas administrativas graves el abuso de funciones, inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí y el riesgo es sanción, destitución, sanción económica o inhabilitación.

En el caso del artículo 436 del Código Penal, se establece que en el caso del uso ilícito de atribuciones y facultades del servidor público que ilícitamente y en perjuicio del erario (…) otorgue permisos, licencias, adjudicaciones, podría alcanzar entre seis meses y 12 años de cárcel.

El ayuntamiento decidió guardar silencio sobre las revelaciones de 24 Horas Puebla: El Diario Sin Límites, pese a que en la conferencia que encabezó la propia edil, hubo cuestionamientos al respecto de la prensa.

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