La responsabilidad de que en Puebla se viva actualmente un proceso electoral local inequitativo tiene nombres y apellidos: son todos los diputados y las diputadas de las legislaturas LIX (2014-2018) y la actual LX (2018-2021), que no quisieron, pero más bien no pudieron, hacer una Reforma Política integral para evitar que los actuales alcaldes, síndicos, regidores y también los legisladores que busquen la reelección lo hagan sin la obligación de dejar el cargo.

La semana pasada, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), echó abajo el acuerdo supletorio del Instituto Estatal Electoral (IEE), el cual obligaba a quienes buscan la elección consecutiva a dejar el cargo 90 días antes de la jornada electoral.

En realidad, los magistrados federales dieron la razón al derecho con base en las reglas que están en las normas poblanas. Ellos no concedieron ninguna concesión.

La culpa tampoco es de los aspirantes a la reelección. Ellos terminaron por beneficiarse las lagunas que dejaron los diputados locales en la Constitución y en la ley secundaria, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipep).

De ese modo, el TEPJF resolvió la impugnación prístina, en su técnica jurídica, que presentó colectivamente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su secretario jurídico, José Mario Conde Rodríguez, quien, dicho sea de paso y como lisonja, se ha convertido en un jurista invencible en estos temas. Asunto que toma en sus manos, asunto que gana.

Pero bien, si a alguien habrá que culpar que se abra la puerta a la inequidad y a la posibilidad que se desvíen recursos públicos a las campañas, pues los funcionarios y legisladores pueden ejercer de candidatos desde el cargo, es a los diputados de todos los partidos de estas dos legislaturas.

No se atrevieron a meterse a fondo al tema, porque además de la Constitución y el Coipep, el caso demandaba una reforma también a la Ley Orgánica Municipal para establecer los plazos y condiciones que los funcionarios de los ayuntamientos, en específico, debían cumplir para buscar la reelección, que por primera vez está vigente para este proceso electoral local concurrente 2020-2021.

El asunto es muy simple: no saben hacer normas ni modificarlas y no tienen un equipo de asesores calificado, porque con el presupuesto que deben pagarlo terminan por contratar a sus familiares, compadres y amigos.

Es un lamentable tema de ausencia de profesionalización.

Veamos la línea de tiempo para evidenciar su incapacidad: en 2014 se realizó la reforma a la Constitución federal para permitir la reelección; en 2015 se homologó la Constitución local y se reformó el Coipep, pero se dejaron varias lagunas.

En julio de 2020 venció el plazo para realizar estas reformas, incluidas a la Ley Orgánica Municipal.

Tuvieron en total cinco años, pero no lo hicieron.

Hoy tenemos un panorama de inequidad. Son un fracaso.

 

@Alvaro_Rmz_V

Piso 17 por Álvaro Ramírez Velasco