Un empresario, de nombre Ignacio Cruz Lerma, dedicado en los últimos meses a la comercialización de producto de limpieza y cubrebocas en el periodo de la pandemia, fue detenido el 7 de enero en su domicilio particular en el fraccionamiento Zerezotla, en San Pedro Cholula, por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado.

Fue aprehendido por, presuntamente, estar involucrado en la red de lavado de dinero público en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, trama en la que también fue detenido y llevado a una autoridad ministerial Juan Tanús Bojalil, un furibundo crítico de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador, igualmente vinculado con una larga lista de implicados en la trama financiera en la BUAP.

Las nuevas imputaciones ocurren luego de la detención de otros cuatro implicados, Silvia F., Ramón T., Ángeles M., y Jorge T., esposo de Ángeles. Los cuatro presuntos participantes dieron un salto en su estilo de una vida de clase media al plano más alto en la escala piramidal de la clase pudiente, difícil de imaginar sin las facilidades que propicia el manejo voluminoso de dinero, según compartieron con el columnista testimonios de allegados a los detenidos.

En octubre pasado se documentó la denuncia y número de carpeta de investigación que condujo a la detención para enfrentar acusaciones de asociación delictuosa, peculado y manejo de recursos de procedencia ilícita. Sólo de lavado de dinero y luego de hacer estimaciones por ingresos superiores a los 54 millones de pesos, según documentó el columnista en octubre del año pasado.

En un episodio similar al que ocurrió con la detención y proceso de investigación del ex vice coordinador del grupo legislativo del PAN en San Lázaro, Eukid Castañón, en marzo de 2020, en el que no faltó el mercader que puso precio a información privilegiada o relaciones para facilitar o entorpecer la indagatoria, Cruz Lerma entendió tarde que había sido timado.

Un grupo de agentes de la Fiscalía Anticorrupción -Unidad de Especializada en Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita- llegó a principios de diciembre a las puertas de la oficina del empresario vinculado con los cercanos a la probable trama de lavado desde la casa de estudios.

Dos agentes de nombre Diana Cuj Villanueva y Laura Reyes anticiparon al detenido la existencia de una orden de aprehensión por el probable delito de lavado y pidieron medio millón de pesos a cambio para protegerlo y tiempo suficiente para maniobrar y ponerse a salvo de las acusaciones en curso.

El pago por la protección recibida consistió, al final, en 180 mil pesos que los probables extorsionadores que obtuvieron dinero, habían sido entregados a los mandos superiores. Nada de eso valió porque el 7 de enero fue detenido con lujo de violencia en su domicilio particular.

La gente que conoce de cerca el caso se pregunta con frecuencia si las prácticas de ofrecer protección, información y trato privilegiado a la usanza de los grupos de delincuencia organizada son consentidas desde la oficina del Fiscal General o, peor aún, disimula que no existen.

 

@FerMaldonadoMX

parabólica.mx por Fernando Maldonado