Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Labores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava destacó que, derivado de 710 denuncias recibidas por actos u omisiones que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por servidores o exservidores públicos, hay abiertos 552 expedientes en los Órganos Internos de Control, en los cuales también se investigan hechos cometidos en este rubro.

Ante las y los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, la funcionaria informó que, de diciembre de 2019 al mismo mes de 2020, también fueron abiertos 39 expedientes en contra de servidores públicos de anteriores gobiernos, de los cuales, 32 se investigan con la probable comisión de faltas administrativas graves, lo que ha derivado en la presentación de denuncias penales ante las autoridades competentes.

Para el fortalecimiento de las tareas de fiscalización y con el objetivo de abatir el rezago de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en ejercicios anteriores, Gómez Nava dijo que la dependencia a su cargo emitió 35 dictámenes técnicos con observaciones por un monto de 236 millones 537 mil 570 pesos, como resultado de las visitas de inspección a obras ejecutadas con recursos federales en 25 municipios de la entidad; además, realizó 49 visitas de verificación a dependencias ubicadas en el Área Metropolitana de Puebla, para la mejora del servicio público.

Con el propósito de transparentar la aplicación de recursos públicos en la ejecución de programas sociales, refirió que la SFP realizó un total de 16 mil 295 acciones en materia de contraloría social en 147 municipios. También, dijo, organizó la Primera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado–Municipios Puebla 2020, la cual contó con la participación de 130 Contralores Municipales y servidores públicos estatales municipales.

Asimismo, dijo, el Gobierno del Estado atendió a 2 mil 501 personas, a través de la línea telefónica 800-46-63-786, a fin de brindarles orientación para la realización de diversos trámites y servicios y en algunos casos iniciar las investigaciones correspondientes sobre diversos temas.

La secretaria de la Función Pública resaltó que, de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, fueron capacitados en línea 235 servidores públicos representantes de la Administración Pública Estatal, fueron integrados 40 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y fue implementada la plataforma electrónica denominada #PROintegridad, cuyo propósito es brindar a la ciudadanía una herramienta tecnológica para llevar a cabo procedimientos de denuncia o inconformidad en contra de servidores públicos del gobierno de Puebla y particulares vinculados con faltas administrativas, así como también para la presentación de inconformidades en contra de actos en procedimientos de adjudicación o contratación pública, garantizando el anonimato del denunciante.

Finalmente, Gómez Nava precisó que, a fin de garantizar las mejores condiciones de contratación de bienes o prestación de servicios, en el periodo reportado se incorporaron al padrón de proveedores mil 492 empresas que comprobaron tener solvencia económica y legal.