El senador Martí Batres Guadarrama presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con la finalidad de regular y homologar, de manera clara, los principios y bases de esta materia de la justicia mexicana, así como otorgar certeza a las partes involucradas.
Recordó que el 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, donde se faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca los principios y bases de los mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal.
El legislador de Morena mencionó que en esa reforma se le dio un plazo al Poder Legislativo de 180 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor; “sin embargo a la fecha no ha sido expedida, razón por la cual, resulta urgente cumplir con tal mandato constitucional”.
Martí Batres también comentó que en el sexenio pasado se elaboró un dictamen sobre la “Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias” en el Senado. Pero no llegó a aprobarse.
Asimismo, indicó, hace poco se presentó una nueva propuesta sobre el mismo tema, signada por varios senadores y senadoras, lo que “ha reavivado el debate sobre el apasionante tema de la justicia alternativa”.
Consideró que dicho proyecto motivó “diversas e interesantes observaciones” de quienes se dedican al estudio o el ejercicio de los mecanismos de justicia alternativa. Para empezar, explicó, se cuestiona que los diversos medios alternativos se confundan, además el arbitraje no se aborda en la iniciativa y los otros mecanismos se subsumen en la mediación.
Tampoco, añadió, establece la certificación de quienes cumplen con la tarea de realizar la mediación, por la cual la autoridad jurisdiccional delega la potestad del Estado en un tercero.
Aunado a ello, no se otorga expresamente la fe pública que requieren los mediadores para realizar su función con certeza y garantía, y abre un resquicio para que las partes nombren a un mediador sin reconocimiento formal de la autoridad y sin la capacitación adecuada.
El senador de Morena dijo que ese proyecto parece olvidarse, entre otros asuntos, que el convenio de mediación hace las veces de una sentencia firme de un juez, “hecho que debería llamar la atención sobre el rigor académico y formal que debe tener”.
Otro de los aspectos que no establece, es el requisito de nacionalidad mexicana para los mediadores, lo cual abre grandes riesgos para los intereses nacionales en materia comercial, pues las partes de un conflicto mercantil podrían nombrar “facilitadores” extranjeros, situación que no ocurriría en el sistema de justicia tradicional jurisdiccional.
No obstante, consideró que la iniciativa ha abierto un debate que puede tener muy positivas consecuencias para la justicia mexicana, de concretarse adecuadamente.
Por ello, dijo que la propuesta que presentará plantea subsanar dichas observaciones y establecer un procedimiento claro, que otorgue certeza a las partes y que se regule por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación.
En este sentido, planteó normar la actividad de la persona facilitadora certificada en materia de mecanismos alternativos; distribuir las competencias y formas de coordinación para su implementación, así como fomentar y difundir la cultura de paz y la restauración de relaciones interpersonales y sociales.
De la misma manera, sugirió promover y regular la prestación del servicio de mecanismos alternativos de solución de controversias para la prevención y, en su caso, la solución de conflictos; incluir las reglas de capacitación y certificación; fijar los requisitos y condiciones para el ejercicio de la persona facilitadora certificada en la prestación del servicio en el ámbito público y privado.
Martí Batres también propuso regular la creación y operación de los Centros de Mecanismos Alternativos, públicos y privados; establecer criterios básicos de operación de organización para quienes conforman el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos.
Las legislaciones federales y de las entidades federativas, agregó, establecerán disposiciones tendentes a privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y procurar el acceso efectivo a los mecanismos alternativos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes.
Destacó que la impartición de justicia es un gran reto para el Estado mexicano, por lo que legislar en la creación de una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, conforma un importante proceso en esta materia y unifica la solución pacífica de los conflictos a nivel nacional.
fahl