Desde su llegada y con su estilo unipersonal y controlador de ejercer el poder, en los hechos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador castró a los diputados federales en una de sus principales tareas: la gestión.
Con el argumento de acabar con la corrupción, cercenó “de facto” ésa, una de sus tres funciones más importantes que, junto con la fiscalización y la legislación misma, es su obligación, facultad constitucional y razón de existir en el Estado Mexicano.
Desde la confección del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019 -entre septiembre y octubre de 2018-, los 500 integrantes de la Cámara Baja, órgano del Congreso de la Unión que tiene la facultad exclusiva de analizar, modificar y aprobar el gasto, fueron anulados en esta tarea, por instrucción del presidente, con el apoyo de su mayoría parlamentaria.
Desde entonces, con el arranque de la Cuarta Transformación (4T) es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que dicta en qué y cómo se gastará cada peso recaudado por la Federación.
No se le cambia casi ni una coma al Proyecto que presenta el Ejecutivo y este 2020 no tendría por qué ser la excepción.
Desde entonces, no ha habido, como en anteriores sexenios, la presentación de proyectos y su cabildeo, por parte de los diputados, para llevar obras, acciones y recursos a sus distritos, municipios y estados.
Con la mayoría que conforman la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se aprueba un PEF a gusto del Ejecutivo.
De nada vale que un puñado levante la voz a López Obrador, porque la mayoría lo silencia.
Este 15 de noviembre, en el plazo constitucional, igual volverá a ocurrir.
La intención y el argumento de esta nueva relación entre la Cámara Baja y el gobierno federal pareciera, a simple vista, impecable: acabar con los moches que muchos legisladores cobraban por conseguir la etiquetación de recursos.
Efectivamente, esa mala y corrupta conducta se dio muchísimo.
Pero el resultado de intentar revertir estas prácticas ha sido la castración -es una metáfora dura, pero sin ningún afán machista- de las facultades constitucionales de las y los diputados federales.
Efectivamente, se cerró la puerta a los moches, pero ahora tampoco hay obras, si no las avala la “generosidad” presidencial.
Un Presupuesto dictado desde los escritorios de la SHCP y Palacio Nacional no es tan útil como se asume, más aún ante la crisis económica que está dejando la pandemia.
Se ha perdido mucho más de lo que se ha prevenido.
Es la historia del gobierno del tabasqueño.
Piso 17 por Álvaro Ramírez Velasco