La delincuencia y el crimen organizado galopan sin cesar por todo el territorio poblano.
Nada ni nadie los detiene.
Ni la “poderosa” Guardia Nacional.
Tampoco el Ejército mexicano –acantonado en Puebla–.
Ni la llegada de un vicealmirante de la Marina –sólo estuvo seis meses–.
Mucho menos la “mano de hierro” del chiapaneco secretario de Seguridad estatal, Raciel López.
Ni las advertencias del gobernador Luis Miguel Barbosa: “En breve combatiremos a los delincuentes”.
Los hechos y estadísticas hablan por sí mismas.
(…) Tres ejecuciones cada 24 horas en Puebla.
(…) En 18 días de contingencia se han cometido 56 homicidios dolosos.
(…) El “cobro de piso” es una realidad que se no se puede ocultar: 27 denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado en 2020.
Y ante este panorama de terror y horror.
De sangre y destrucción.
De una brutal estela de muerte.
Resulta que el gobierno mediante “decreto”… asumió el manejo y control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla.
Lo que ha llevado a un insospechado enfrentamiento estado-municipio.
Algo nunca antes visto.
Mucho menos tratándose de dos gobernantes emanados de la misma organización política: Morena.
Y que dicen ser orgullosos representes de la 4-T
¡Cómo!
Exclama, grita y vocifera el pueblo.
Sí, el ciudadano que ve cómo día tras día la ola del miedo y terror lo invade.
Ahí está el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, que asienta:
56 homicidios en Puebla en 18 días, lo que representa tres ejecuciones diarias, del 10 al 26 de marzo.
Ahí están las seis personas asesinadas en Chignahuapan el 12 de marzo.
Y los seis ejecutados en Amozoc el 23 de marzo.
Y qué decir del “cobro de piso”.
Algo que ayer parecía impensable e inimaginable en Puebla hoy es una cruda realidad.
Así lo demuestra la nota de la reportera Kara Castillo en La Jornada de Oriente, con base en la respuesta que dio la Fiscalía General del Estado a solicitud de acceso a la información.
Los datos son contundentes:
En 2018 la Fiscalía abrió ocho carpetas de investigación.
En 2019 fueron 23.
Y en 2020, en sólo dos meses –enero/febrero– van 27 denuncias por extorsión.
El año pasado las carpetas de investigación por “cobro de piso” fueron en la capital, Cholula, Tehuacán, Teziutlán.
Para 2020, además de Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula, Tehuacán y Teziutlán, se agregan Huauchinango, Zacatlán, Acatlán y San Martín Texmelucan, entre otros.
Ante este panorama de horror y terror, el chiapaneco secretario de Seguridad Pública del estado, Raciel López Salazar, “reconoce” que existen elementos estatales que están contaminados con grupos delincuenciales.
Afirmó que se mantiene un proceso constante de depuración y limpia de los malos policías.
Además, se emprenderá una revisión de cómo viven los elementos para conocer si es acorde con el sueldo que les paga el gobierno.
Vaya dato del licenciado Raciel López.
Veamos.
Se tienen 12 mil 831 elementos policiacos en activo en la entidad.
De esos, tres mil 683 pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Mil 431 a Prevención y Reinserción Social –Ceresos–.
Mil 808 a la Fiscalía General del Estado.
Y cinco mil 909 elementos de la Policía Municipal de Puebla.
¿Cuánto tiempo se llevará el señor secretario de Seguridad en revisar cada expediente de los 12 mil 831 policías?
¿Cuánto tiempo abarcará ir a 12 mil 831 hogares de los policías?
O sea, cuando termine de revisar “exhaustivamente” el patrimonio de los elementos… la administración barbosista estará por terminar.
Y la delincuencia seguirá galopante días tras día.
Y todo por el control y manejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla.
¿Valdrá la pena esa lucha?
Al tiempo.