La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) negó al Ayuntamiento de Puebla la suspensión provisional para que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, tome por la fuerza el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que deja abierta la puerta para que el mandatario tome esa responsabilidad.
No obstante, el máximo órgano de justicia en el país dará curso al procedimiento de Controversia Constitucional interpuesto por las autoridades municipales, el cual quedó enmarcado con el folio número 46/2020.
Ante ello, la SCJN solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo emitir informes sobre su actuar, por la presunta violación al artículo 115 constitucional, el cual enmarca la defensa de la autonomía municipal
Gonzalo Castillo Pérez, titular de la Sindicatura Municipal, fue el promovente del proceso ante la SCJN, cuyo órgano contará con un espacio de 30 días para resolver la solicitud.
De acuerdo con el documento, publicado en la sección de trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad por el actuario Juan José Morgan Lizárraga, la SCJN pidió al Congrso del Estado de Puebla copias certificadas de los antecedentes legislativos, minutas, diarios de debates, proyectos de decreto y ejemplares del Periódico Oficial de la entidad, relativos al tema. “En caso de no enviar la documentación que les solicitan, serán multados”, señaló.
Además, el órgano también solicitó informes a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del gobierno federal, a fin de resolver el proceso a la brevedad posible.
Hace unos días, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, informó que el Ayuntamiento de Puebla interpondría una controversia constitucional ante la SCJN para impedir que el gobierno del estado “tome por la fuerza” el área de la seguridad pública del municipio, luego que Luis Miguel Barbosa, mandatario estatal, designó a Carla Morales en sustitución de Lourdes Rosales, actual encargada de la SSC.