El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, está extralimitando sus funciones al imponer a una nueva delegada en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, señaló Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana (Ibero) campus Puebla.
“La respuesta es compleja, en estricto sentido no porque se van a tener que cumplir los procesos formales, va a tener que pasar por Cabildo. En un sentido político y democrático es evidente que el gobernador está usando un carácter autoritario, no está implementando un diálogo con las autoridades municipales, sino que las está sometiendo”, resaltó el director del Observatorio en Salarios.
Destacó que aunque la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco esté en desacuerdo, la decisión del gobernador se impondrá pese a que el artículo 104 de la Constitución Mexicana y el artículo 25 de la Ley de Seguridad Pública le atribuyen al Ayuntamiento la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En estos días, dijo, ha sido muy evidente el desacuerdo de la alcaldesa y es también muy claro que la decisión del gobernador se va a imponer.
“El incremento de la inseguridad obliga al gobierno del estado a tener un mayor protagonismo, pero es lamentable que el gobernador en lugar de pugnar por la construcción democrática y por la formación de una estructura que privilegie el diálogo, está imponiendo su voluntad y eso es una mala señal para la democracia en el estado. Es una mala señal para el ejercicio del poder”, recalcó.
El martes, el titular del Ejecutivo estatal indicó que Carla Morales será la próxima delegada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en sustitución de María de Lourdes Rosales Martínez.
Al respecto, Calderón Chelius aseveró que la decisión del gobernador debilita la autoridad política de los municipios: “Son autoridades que no son pares, pero no son subordinadas directas. Ambas autoridades son electas; los presidentes municipales no son empleados del gobernador, son otro nivel. Ambos tienen por obligación constitucional coordinarse, pero no lo están haciendo”.
