Por: Mario Galeana
El corredor de la 12 Poniente, en pleno Centro Histórico de Puebla, es un alboroto que se compone de un montón de vendedores que vociferan, autobuses destartalados que recogen pasaje a media calle, y un trajín que no se detiene ni cuando los negocios bajan las cortinas metálicas.
Pero, sobre todo, es un lugar que refleja la complejidad de la trata de personas.
En aquella calle, un mediodía, la trata puede ser el más obvio de todos delitos, salvo por la duda. Aquella mujer que aguarda a la entrada de un motel muy cutre, ¿está allí porque allí desea estar o porque un proxeneta la vigila en medio del bullicio? Aquel adolescente al que cada mañana dejan en la esquina para vender chocolates, chicles y cigarros, ¿fue raptado, está siendo obligado o este país no pudo más que ofrecerle aquella esquina por 12 horas diarias?
La trata de personas se conjuga con la marginación, que la invisibiliza; se escurre entre la debilidad —y aquiescencia— de las instituciones, que poco han hecho para analizarla; y se libra en los más disímbolos territorios —las serranías, las ciudades—, ejecutada por personajes que podrían no tener más en común que aquel delito —miembros de la delincuencia organizada, lenones y ex parejas—.
Para delinear la magnitud de este delito hay que recurrir a distintas bases de datos gubernamentales y de la sociedad civil, porque no hay una fuente que condense todos sus indicadores.
Lo que parece quedar claro es la falta de capacidad de las instituciones para hacerle frente, a pesar de que Puebla es el séptimo estado del país con más carpetas de investigación durante los primeros 10 meses del año.
La Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo cuenta con tres funcionarias y ni siquiera se sabe si tienen presupuesto, pues la institución declaró “no contar con esta información” ante una solicitud de información presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Además, las autoridades carecen de un programa estatal contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ni un diagnóstico sobre los métodos de captación de las víctimas, sus perfiles y los de sus victimarios, según el diagnóstico que elaboró el Grupo de Trabajo encargado de analizar la solicitud de declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el expediente AVGM 08/2017.
La capacidad de las instituciones locales ha quedado de manifiesto en el inicio de carpetas de investigación. En 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla abrió 93 indagatorias por este delito y, desde entonces, las indagatorias se desplomaron.
En 2016, las autoridades sólo iniciaron 18 averiguaciones previas; para 2017, la cifra se mantuvo en 18; para 2018 disminuyó a 11 carpetas de investigación y, finalmente, desde enero hasta octubre de 2019 se abrieron 15 indagatorias.
Para Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la súbita reducción de investigaciones puede suponer un intento por velar la incidencia y la gravedad de este delito.
—Existe una tendencia a bajar los números sobre estas graves violaciones a derechos humanos que han convertido a Puebla en uno de los primeros lugares a nivel nacional. Hay una tendencia a bajar los números en cuanto a averiguaciones previas, porque se habla de esta idea que se tenía de una “Puebla segura” —sostiene.
La Fiscalía de Puebla no parece tener intenciones de discutir su protocolo de investigación en estos delitos, y los indicadores que midan su efectividad. O no al menos con esta casa editorial, que solicitó insistentemente una entrevista con los funcionarios responsables de combatir la trata sin tener éxito.
LAS DESAPARICIONES Y SU VÍNCULO CON LA TRATA
María Luisa Núñez Barojas cree que si la trata tuviera un rostro, éste sería el de las desaparecidas y desaparecidos. En los últimos dos años, Núñez ha iniciado un movimiento de búsqueda por todos ellos, ha recorrido anfiteatros y lotes baldíos utilizados como fosas, además de escuelas y auditorios en los que advierte sobre la desaparición forzada.
Fundó el colectivo La Voz de los Desaparecidos con un solo rostro en la memoria —el de su hijo Juan de Dios, desaparecido desde el 28 de abril de 2017—, pero en el camino se ha allegado de tantos otros y de aquel único rostro han surgido cientos más.
El colectivo ha iniciado por cuenta propia sus indagatorias. Núñez suele hablar poco de éstas porque se trata de investigaciones en curso, pero asegura que todas suponen que 50% de los desaparecidos son explotados con distintos fines.
—No es que sospechemos, es que nosotros trabajamos nuestras líneas de investigación y tenemos elementos contundentes para aseverar que eso es lo que está aconteciendo en el estado.
Gabriel Hernández, asesor jurídico del colectivo, es un tanto más específico:
—Sabemos que hay trata porque hay comunes denominadores en la forma en cómo desaparecen: a veces la última persona con la que dos desaparecidos tuvieron contacto suele ser la misma, o hay llamadas telefónicas a los mismos números. Tuvimos un caso en el que nos alertaron que dos jóvenes de Puebla estaban siendo prostituidas entre Orizaba y Córdoba. Entregamos esa información a la Fiscalía, pero hasta ahora no hemos tenido resultados.
Hasta finales de agosto pasado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) registra extravío de dos mil 69 personas en los últimos ocho años, pero el colectivo sostiene que podrían ser más de ocho mil 500.
María Luisa Núñez dice que en algunos de los casos de desapariciones que han documentado se encuentra la captación por medio de redes sociales, un proceso que puede durar incluso medio año hasta la desaparición de la víctima; o la presencia de redes criminales en el trajín de la Central de Autobuses de Puebla (Capu), convertida en zona de enganche.
—Viene mucha gente de las comunidades rurales a buscar empleos, y así es como aprovechan algunas redes criminales. Lo hemos corroborado a través de varios testigos.
Resulta revelador que la asociación civil que dirige el único refugio en el estado adaptado para mujeres sobrevivientes de explotación sexual también considere a la Capu una zona de riesgo en cuestión de trata.
La directora de Prevención del Delito y Vinculación Social de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (Anthus), Mitzi Cuadra Urbina, asegura que algunas de sus campañas de prevención han estado centradas en la central camionera.
—Hemos capacitado a mucho personal, desde los que venden boletos hasta los choferes, para que identifiquen ciertos rasgos y puedan denunciar. La cuestión con la Capu es que es un lugar con mucha movilidad, hay distintos puntos de encuentro y llegan personas de distintos lugares a las que enganchan con discursos distintos.
EL DESPLIEGUE DE LA TRATA
En los últimos cuatro años, la Fiscalía de Puebla inició 155 carpetas de investigación por el delito de trata de personas en 26 municipios. Por estos casos se ha reconocido la existencia de 167 víctimas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De enero de 2015 a octubre de 2019, el municipio con más carpetas de investigación por estos casos es Puebla, en donde las autoridades ministeriales abrieron 110 indagatorias. Le siguen Tehuacán e Izúcar de Matamoros, con cinco carpetas de investigación cada uno; Huauchinango, con cuatro; y San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Tepeaca, con tres cada uno.
Rosario Arrambide, del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría”, no se fía de las investigaciones realizadas por las autoridades porque cree que en los últimos seis años el impacto de éstas ha disminuido.
—Hasta el periodo de 2013, algo que tuvo mucha incidencia fue la campaña Corazón Azul, una campaña de la ONU en materia de trata de personas. Eso implicó que en las procuradurías de los distintos estados se llevaran a cabo operativos para la recuperación de víctimas, pero también las procuradurías comenzaron a revelar sus números. Fue en ese momento en el que se empezaron a formar las comisiones interinstitucionales. La tendencia va por ahí: no hay operativos con la misma fuerza con las que se estaban lanzando, impulsados por una campaña internacional.
Al margen de las cifras oficiales, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem) realizó un monitoreo sobre las notas relacionadas con el delito de trata publicadas en la prensa local durante los primeros nueve meses de 2019.
En la revisión hemerográfica se identificaron al menos 14 notas, de las cuales dos correspondieron a sentencias contra tratantes, dos más a detenciones y el resto a operativos en los que se halló a 77 probables víctimas de este delito, es decir, seis veces más que en los registros de la Fiscalía de Puebla.
En las notas se señala que en tres casos el método de captación de las víctimas fue el enamoramiento, en tres más una oferta de empleo falsa, en un caso fue el secuestro, en un caso más la extorsión, y en los cinco restantes no se precisó el método empleado.
LA TRATA TIENE ROSTRO DE MUJER
Jesabel y Estrella se hicieron tan cercanas que cuando la segunda estaba a punto de dar a luz, sólo pensó en llamarle a su proxeneta y a ella. Se habían conocido años atrás, cuando Jesabel Becerra llegó al corredor de la 12 Poniente como parte de la asistencia voluntaria que realiza en favor de prostitutas y víctimas de trata en la modalidad de explotación sexual.
Jesabel llegó al quirófano cuando el padrote de Estrella ya estaba ahí. “Güerita, dicen que no la pueden meter al quirófano porque necesitan el material quirúrgico y yo no tengo dinero”, le dijo él. Jesabel compró lo necesario y el resultado de aquel parto fueron dos sanos y portentosos gemelos.
Estrella es una de las mujeres que Jesabel conoció siendo coordinadora de Casa María, un proyecto auspiciado por la Arquidiócesis de Puebla desde hace seis años. Cada semana, Becerra instala un módulo de apoyo a las mujeres que prestan servicios sexuales sobre aquel corredor. En su experiencia, la mayoría son de Puebla y migrantes del sur del país que fueron captadas por sus parejas sentimentales.
—Un hombre llega, las enamora y en un mes ya las trae a vivir a Puebla. Lo primero que hacen es encerrarlas en un cuarto de vecindad sin baño, solo el cuarto con catre, y las dejan dos o tres días encerradas, sin comer, sin nada. Después de una semana van, las sacan y les dan instrucciones de cómo deben dar los servicios de prostitución. Ellas se sienten vulneradas, presas del miedo, porque el hombre al que amaban ahora las vigila. Con los años, ellos tratan de tener hijos o de crear lazos familiares para que ellas no puedan o no quieran salir de este sistema de opresión.
La trata tiene rostro de mujer. Lo indica el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, elaborado por la CNDH, que registra que 85% de las víctimas de trata de personas son mujeres, y 71% de los casos están relacionados a la explotación sexual.
En sus años como voluntaria, Becerra ha logrado decodificar la dinámica de la prostitución en aquel corredor: las más jóvenes, una edad que calcula entre los 15 o 19 años, son regularmente víctimas de prostitución sexual, y su estadía en aquel punto suele durar unas cuantas semanas antes de que sean trasladadas hasta otros lugares.
La figura del cobrador de piso, que regularmente era atribuida a los policías, ha sido sustituida por la de los vendedores ambulantes, quienes —según ella— suelen extorsionar a las mujeres de la prostitución. En tanto que las estéticas, los cafés internet y otros comercios suelen ser puntos de vigilancia utilizados por los proxenetas.
—Un proxeneta puede tener a 10 de sus parejas en la misma calle. Es pareja de todas ellas y a la vez su tratante. También hemos tratado de tener acercamiento con algunos de ellos. Al proxeneta de Estrella, por ejemplo, le dimos asesoría psicológica. Nos contó que era de Tlaxcala y que toda su familia se dedicaba a eso: a la explotación de mujeres.