Con información de Guadalupe Juárez y Jaime Carrrera
EN PRO DEL AMBIENTE. Organismos de defensa de los derechos humanos manifiestan su apoyo al luchador social y protector del río Metlapanapa, en la región de Juan C. Bonilla.
El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que —a más tardar este jueves 30 de enero— el activista Miguel N obtendrá su libertad, luego que fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por oponerse a la construcción de colectores pluviales y de drenaje en las cercanías del río Metlapanapa.
Al cierre de edición, el ambientalista fue trasladado a la Casa de Justicia en Cholula, donde se llevaría a cabo una audiencia pública para determinar su posible vinculación a proceso, o bien, obtener la libertad bajo caución.
Por la mañana, el mandatario estatal afirmó que su administración no tiene nada que ver con la judicialización de la carpeta de investigación que integró la FGE por presuntos actos vandálicos y cierre de vías de comunicación en el municipio de Juan C. Bonilla.
Barbosa Huerta indicó que “no seremos un gobierno que solape a quien infrinja la ley”, por lo que las personas que incendian vehículos, apedrean las casas de los ediles, causan daños en las presidencias municipales y queman tuberías de obras públicas se convierten en delincuentes que deben ser aprehendidos para que respondan por sus actos.
“Todo mi respeto y cariño para Abigail, hija de Miguel N, estoy empeñado en que obtenga su libertad y se dará este jueves, estamos trabajando en ello”, insistió al referir que se iniciaron los estudios técnicos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para determinar si los colectores pluviales y de drenaje que se construyen en Juan C. Bonilla contaminan de alguna manera el cauce del río Metlapanapa, pues de ser así se suspenderán las obras, advirtió.
En su turno, el encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, afirmó que el proceso contra el activista no es por cuestiones políticas, sino por una denuncia que se realizó hace varios meses atrás.
“La Fiscalía cumple con su función y por supuesto que no podemos hacer calificación alguna de casos en particular, sólo cumplimos con la ley”. El pasado 25 de enero la FGE ejecutó la orden de aprehensión contra el ambientalista durante su salida de una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla.
PIDEN LIBERACIÓN
Este miércoles por la mañana, activistas pidieron la liberación de Miguel N, delegado del Congreso Nacional Indígena e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, quienes señalaron que es el primer preso político del gobierno.
Abigail López, hija del ambientalista, negó que su padre fuera responsable de los cargos que le imputa el gobierno del estado, como incendiar un vehículo oficial, lanzar una bomba molotov y por obstrucción a una obra.
Aceptó que la única responsabilidad de su padre fue salvaguardar a la gente del pueblo y estar en contra de la construcción de un drenaje de aguas industriales que desembocarían en el río Metlapanapa.
Afirmó que en pro de lograr su liberación, los pobladores de Santa María Zacatepec van a cerrar algunas carreteras y se organizarán para no dejarlo preso.
“Mi papá no es responsable de los cargos que le está imputando el gobierno del estado. Él es un preso político, él defendió al pueblo y nuestro río”, reiteró.
Los activistas señalaron que aunado a la liberación de Miguel N, también pedirán que no se ejerzan las otras órdenes de aprehensión contra sus compañeros y que se suspenda el proyecto.
La petición, dijo, es porque el proyecto del corredor industrial además de derramar desechos tóxicos al río Metlapanapa, también tendrá repercusiones en los ríos Rabanillo, Atoyac y Zahuapan.
Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), lamentó que Puebla sea el tercer lugar a nivel nacional donde criminalizan a los luchadores sociales y defensores medioambientales.
Mientras, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, líder moral de la 28 de Octubre, aseguró que los antecedentes de la detención del defensor del agua y de la tierra se sembraron desde gobiernos anteriores y que la actual administración sólo ejerció la orden de aprehensión.
Lamentó que las autoridades hayan hecho caso omiso de la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde se pide hacer trabajos técnicos, científicos y tener contacto con la gente para conocer su opinión y con base en ello seguir con los proyectos o frenarlos.
Osvaldo Villegas, el líder del Movimiento para la Defensa del Agua y de la Tierra (Modat), aseguró que las nuevas autoridades tanto estatales como federales los siguen persiguiendo por la lucha en pro de la naturaleza y aseveró que no cesarán su pugna.