Vertientes. Hay polleros convertidos en tratantes, integrantes del crimen organizado que acechan caravanas año con año, y autoridades que aprovechan la tenue línea divisora para simular el rescate de migrantes a los que más tarde expulsan sin distingo

TERCERA Y ÚLTIMA ENTREGA

Por: Mario Galeana

Gráfico: Valeria Bautista

Ellos venían como vienen tantos. Armados con apenas dos o tres mudas de ropa, los hijos en brazos y la promesa de la frontera. Eran cientos. Habían salido de Guatemala y Honduras pocos días antes, y por eso les restaban varios más de camino. Muchos más. Pero después todo se hizo más difícil. Sus polleros dejaron de responderles y los encerraron en una casa de la que sólo salieron custodiados por la policía. 

Ocurrió el 7 de enero de 2019. Se trató de 159 migrantes secuestrados en una casa de seguridad ubicada en Acajete: 68 hombres, 29 mujeres, 20 niñas, 39 niños y tres bebés. La policía dijo que sus captores —cuatro chiapanecos, un guatemalteco y un hondureño— eran traficantes a los que habían contratado para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y que sólo dos eran las posibilidades de su destino: la extorsión o la trata.

Cuando se habla de migración, la diferencia entre la trata y el tráfico de personas puede ser apenas una frágil capa de hielo. Hay polleros convertidos en tratantes, integrantes del crimen organizado que acechan caravanas año con año, y autoridades que aprovechan la tenue línea divisora para simular el rescate de migrantes a los que más tarde expulsan sin distingo.  

El coordinador diocesano de la Pastoral de Movilidad Humana y Migración de la Arquidiócesis de Puebla, Gustavo Rodríguez Zárate, calcula que cada año más de cinco mil migrantes cruzan Puebla en su travesía hacia Estados Unidos. 

Cuatro son los refugios en la capital en los que pernoctan y se curan las ampollas preparándose para el día siguiente, y cada noche es igual, siempre preguntándose qué ocurrirá al siguiente día, y al que vendrá después de ese, y cuándo será entonces el día que observen al fin aquella frontera. 

Es en estos refugios en donde aquellos que han escapado o que ya han sido prevenidos alertan sobre las casas de seguridad que los tratantes tienen instaladas por el estado. 

—Muchos nos han dicho que hay casas en La Libertad, atrás del Soriana de la Capu, en Acajete hay por lo menos dos más… hay muchas, muchas casas. Todo el pueblo de Tlaxcalancingo es una casa de seguridad —afirma el sacerdote Gustavo. 

—Cuando los migrantes llegan
a ser secuestrados, ¿los mantienen en Puebla?

—Los van cambiando de lugar muy seguido. ¿Por qué? Porque empiezan a ubicarse. Después de una semana los cambian a San Martín Texmelucan, a Amozoc, o incluso a Cuautla (Morelos) o Huajuapan (Oaxaca). 

—¿Cómo detectan posibles casos de trata?

—Lo percibimos con las caravanas. Muchos polleros se dedican a la trata y, cuando parten de sus países, ya llevan “encargos” especiales. No tanto para pasar a Estados Unidos, sino para mantenerlos aquí, sobre todo a las mujeres, porque terminan metiéndolas en redes de prostitución sexual. Entonces resulta que primero en una caravana viene una mujer, y después, al llegar a otro albergue, ya no está. Así nos damos cuenta. 

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Durante los primeros nueve meses del año pasado, la prensa dio a conocer al menos ocho casos relacionados a la detención y liberación de grupos de cientos de migrantes. Tres de estos ocurrieron en Acajete y el resto en Nicolás Bravo, Esperanza, Quecholac, San Martín Texmelucan, Amozoc y Tehuacán. 

En estos hechos, de acuerdo con un monitoreo realizado por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), han estado involucradas mil 380 personas, de las cuales 208 eran mujeres y 439 hombres. En las notas publicadas no se precisó el sexo de las 733 personas restantes. 

En la narrativa oficial, prodigada a través de boletines de prensa y filtraciones que la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración (INM) pasa a reporteros de nota roja, el hallazgo de los migrantes siempre es anunciado como un rescate: los migrantes son liberados o salvados, aunque no se precise si realmente eran víctimas de un delito.

Entre los ocho casos, sólo el ocurrido el 7 de enero de 2019 en Acajete describe con precisión que los migrantes se encontraban retenidos contra su voluntad. En el resto no se describe ninguna actividad ilegal más allá del tráfico de personas.

Para Miriam González Sánchez, directora de Comunicación del Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI), la ambigüedad con la que el Estado difunde sus operativos migratorios es una estrategia para justificarlos.

—Efectivamente, cuando las autoridades emiten sus boletines usan esta palabra, “rescate”, sin dar a conocer si realmente se trató de una situación de trata o de tráfico. Lo que nosotros creemos es que esta forma de decirlo es tan sólo un eufemismo de detención, con eso las justifican.

Cuando los migrantes son testigos o víctimas de un delito, las autoridades mexicanas están obligadas a otorgarle tarjetas de visa por razones humanitarias. Pero organizaciones internacionales como Human Watch Rights ya han criticado que la política migratoria del país no se ha ceñido a este compromiso. 

De enero a septiembre de 2019, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal otorgó sólo 276 tarjetas de visitantes por esas razones, lo que representa apenas 20% de las personas mencionadas en el monitoreo de medios realizado por el Ovigem.

Los motivos por los cuales estos 276 migrantes obtuvieron una tarjeta de visitante por razones humanitarias, y si estos están relacionados a la trata de personas, son guardados recelosamente por las autoridades migratorias.

El titular de representación del INM en Puebla, David Salvador Briones Blumenkron, evadió la solicitud de entrevista que insistentemente esta casa editorial solicitó para indagar sobre estos hechos. 

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Y el flujo, pese a cualquier cosa, pese a los tratantes, pese a las autoridades, pese a los políticos, pese a cualquier cosa, el flujo sigue, imperturbable, sin fin. 

Es febrero el mes en el que la mayor cantidad de personas en situación migratoria irregular se desplazan por el estado en una ruta recorrida por décadas. Al menos tres mil 500 mujeres y hombres migrantes pernoctan en los albergues de la Pastoral de Movilidad Humana y Migración de la Arquidiócesis de Puebla. El resto, unas mil 500 personas, cruzan el estado por goteo a lo largo del año.

El sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate se ha convertido en una especie de perro guardián de todas aquellas personas. Porque el refugio que él dirige, ubicado al noroeste de la capital, es acechado constantemente por halcones y —según él— tratantes.

—Llamamos constantemente a la policía para que los corran. Porque siempre están merodeando alrededor, checando quién entra, quién sale. Han llegado incluso a querer meterse dizque migrantes que sólo vienen a ver qué hay aquí adentro. O a veces entran para ofrecerles trabajo aquí en Puebla; los jalan, pero se los terminan llevando a la trata. Hay que estar listo con ellos. 

El sacerdote es alto, tiene los párpados caídos sobre dos grandes anteojos y guarda para sí una sonrisa con la que parece aminorar lo abyecto del mecanismo de la trata. Dialogamos una mañana de noviembre en la casa parroquial, mientras él desayuna papaya. A nuestro alrededor hay lo mismo libros de la Arquidiócesis que de periodistas dedicados a la investigación sobre el narcotráfico, como Javier Valdez.

La casa parroquial es el destino de un intrincado camino en el que hay cámaras de seguridad y puertas cerradas herméticamente por doquier.

—Debemos tener todo un protocolo de seguridad para los migrantes de paso, sí, pero también para todos los voluntarios estudiantes que vienen a apoyarnos, y también para la propia comunidad. Es de muy alto riesgo. Por eso tenemos tantas puertas —se explica. 

Narra que incluso una de las vecinas que se encuentra el refugio fue captada por una red de tratantes. La engancharon ofreciéndole trabajo como edecán y aunque estuvo secuestrada un par de semanas, pudo escapar y solicitar ayuda a la Pastoral Migrante y más tarde a una organización internacional.

—Ella misma nos contó que algunas personas en esta colonia se dedican a eso, a la trata. Me contó sobre taxistas y vendedores ambulantes involucrados sobre todo en la vigilancia. 

—¿Se siente rodeado por tratantes?

—Sí, por eso los protocolos de seguridad.

—¿Y han denunciado?

—No podemos denunciar porque nos limitamos a continuar con los procesos de ayuda. Lo que hacemos es canalizarlos con otras instituciones para que los apoyen en las denuncias. Ingenuamente lo empezamos a hacer al principio. Pero fue cuando vino la represión del Estado, de la policía y del gobierno. Porque en esto hay políticos inmiscuidos. Una vez entraron a revolver todo en el refugio, todo, y no se llevaron nada. Porque no encontraron lo único que buscaban: nuestro registro con los nombres de los migrantes que hemos albergado.

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