Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río

El martes planteé en este espacio que si la renuncia de Eduardo Medina Mora a su asiento en la Suprema Corte no fue producto de presiones ni de venganzas lanzadas desde el gobierno federal –como ha asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador–, entonces las presuntas investigaciones contra el aún ministro tendrán que dar resultados. 

Si no los hubiese, agregué, querría decir una de dos cosas: 1) o dichas investigaciones no tenían sustento y sólo se fintó con las consecuencias o 2) sí la tenían y se desactivaron cuando Medina Mora se hizo a un lado para evitar un daño mayor.

Hoy tenemos motivos para pensar que a Medina Mora no se le va a investigar, aunque todavía no sabemos cuál de las dos explicaciones es la real. El exministro de la Suprema Corte –primero en renunciar a su cargo en los tiempos modernos– tiene mala imagen pública, pero aún no ha sido acusado de algo concreto, mucho menos juzgado y sentenciado, por lo que tiene la presunción de inocencia a su favor. 

Cualquiera de los dos escenarios que puse sobre la mesa es terrible: o 1) se le señaló sin pruebas, o 2) se tenían evidencias en su contra y no se usaron o, al menos, no se han usado por ahora.

El columnista Mario Maldonado dice tener en sus manos documentos que “confirman que funcionarios del gobierno, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, presionaron al ahora exministro para lograr su renuncia al máximo órgano de justicia del país”. 

De acuerdo con Maldonado, unas horas antes de que Medina Mora entregara la escueta carta con su renuncia, la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias, lo mismo que las de dos de sus hermanos y un empresario aparentemente ligado a la familia, así como diversas empresas. Y que dos días después, la orden fue suspendida en el caso de Medina Mora y sus hermanos, pero no en el del susodicho hombre de negocios.

La información obliga al gobierno a aclarar varias cosas de forma clara y completa. Entre ellas: 1) si los documentos que tiene Maldonado son auténticos; 2) que, de ser reales, por qué se bloquearon y luego se desbloquearon las cuentas mencionadas, y 3) si sigue adelante algún tipo de investigación que involucre al hoy exministro. 

Dejar las cosas sin transparentar abre la puerta a una especulación preocupante: que el gobierno federal haya hecho un uso político de la justicia. Y son dos las posibilidades: 1) para chantajear a un ciudadano inocente o 2) para dejar sin investigar presuntos delitos a cambio de liberar un asiento en la Suprema Corte, mismo que el Presidente de la República y la bancada oficialista en el Senado se encargarán de llenar en los siguientes días con alguien que sea de su agrado, algo que, evidentemente, no era Medina Mora.

Dejar sin respuesta esa interpretación de los hechos –en cualquiera de sus vertientes– colocaría al gobierno en la incómoda posición de ser percibido como incongruente, pues entre los postulados de toda la vida del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador han estado el rechazo a la persecución política y al uso de la justicia con ese avieso fin, así como la condena a la impunidad y a los traficantes de influencias. 

Si queda firme la percepción de que 1) se persiguió a Medina Mora sin pruebas de su culpabilidad o 2) se le dio impunidad a cambio de liberar su asiento en la Suprema Corte, la imagen del gobierno sufriría un duro revés. 

De un asunto tan serio como éste, que involucra el equilibro de Poderes, no se puede salir con retórica –del tipo “nos atacan nuestros adversarios, los conservadores, porque afectamos sus intereses”–, sino sólo con datos sólidos e incontrovertibles. 

En tiempos aciagos, de incertidumbre económica, la credibilidad es uno de los principales activos de un gobierno.