Colectivos hacen un llamado al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, para que los reciba, ya que refieren que desconfían del personal que los ha atendido, ya que señalan que persiguen intereses políticos y no el de ayudar a las víctimas.

Por: Guadalupe Juárez

A más de un año de distancia, cuando sólo dos madres de familia sostenían entre sus manos las fotos de sus hijos desaparecidos frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y que más tarde se convertiría en un colectivo que pasó de reunir de 23 a 50 familias en busca de sus seres queridos, los ministerios públicos siguen saturados con hasta 100 carpetas de investigación en sus manos, sin recursos suficientes para trabajar y con nulos avances en la búsqueda de los más de mil 700 casos que se acumulan en sus escritorios.

María Luisa Núñez Baroja, fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos Puebla, dice que sí hay cambios positivos tras visibilizar el problema en los últimos 12 meses: el incremento de ministerios públicos de tres a 14 elementos, el cambio de actitud y sensibilidad del personal, así como que ahora sí les permiten el acceso a las carpetas de investigación.

Pero, a la par, aún hay tropiezos de la FGE como la poca coordinación con sus homólogos de otros estados y hasta con sus propias áreas al interior, la burocracia para analizar muestras de ADN y el reconocimiento de cadáveres alojados en el Semefo, que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

A lo anterior se suma que se han encontrado con un subregistro de casos que podrían reflejar un problema que se arrastra de tiempo atrás: ocho mil personas desaparecidas, entre niños, adultos mayores, hombres y mujeres.

La desconfianza hacia las instituciones, amenazas del crimen organizado y la falta de recursos para denunciar, son las causas del por qué esta cifra negra se registra, la cual, sólo se ha integrado por un recorrido en 70 de los 217 municipios, dice Jorge Hernández Aguilera, integrante del colectivo Uniendo Cristales, quien se ha sumado a la cruzada con La Voz de Desaparecidos Puebla.

FALTA DE RECURSOS Y SOLEDAD

En entrevista, Núñez Baroja —quien fundó el colectivo el 30 de agosto de 2018— recordó que en noviembre del año pasado con los tres ministerios públicos en la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía era “humanamente imposible” que avanzaran en los dos mil 300 casos que tenían, además del rezago en la búsqueda y en las investigaciones después de una desaparición, cuando las primeras 72 horas son elementales para ello.

“Inician apenas con tres primeros ministerios públicos, dos meses después eran cinco, luego siete. A partir de que integraron nuevo personal en la Fiscalía, ya integran a 14. En la unidad dicen que las carpetas ya bajaron a mil 700, con todo y eso, mil 700 entre 14 les toca a más de 100 carpetas a cada uno”.

Un ejemplo de la falta de eficacia que persiste en la FGE es la reflejada en el caso de su hijo, Juan de Dios, que desapareció desde el 28 de abril de 2017 en Palmar de Bravo. Aunque ya pidieron la sábana de llamadas del teléfono de su hijo —a lo cual se negaron cuando denunció—, siguen sin trabajar en la red de vínculos que pudiera esclarecer qué fue lo que le sucedió y por qué no pudo regresar con su madre.

Otro hecho es el de la familia de Raúl Vázquez Montiel, secuestrado el 4 de septiembre de 2018 en Ciudad Serdán, cuyo caso se ha denunciado como desaparecido, pues la banda de plagiarios identificada como responsable fue desarticulada y declaró haber abandonado el cuerpo en una fosa clandestina.

Sin embargo, aunque el cadáver con características similares a Raúl en complexión y vestimenta ya fue rescatado, desde marzo sigue sin haber resultados de la prueba de genética que le practicaron para saber si se trata de él.

Según Núñez Baroja puede haber casos como el de él, donde otra unidad como la de Homicidios cuenta con información de una persona en calidad de desconocida, mientras que en otra hay un expediente como desaparecida, sin que se trabaje para compartir esa información al interior de la FGE.

Aunque hay más personal, y los familiares de las víctimas se han encontrado con un trato muy diferente al que les dieron al inicio —cuando criminalizaban a sus familiares y les negaban información— se registra todavía una falta de presupuesto para que trabajen los ministerios públicos.

“La unidad sigue sin estar dotada de lo más elemental, ¡no tienen hojas!, no nos dan las copias si uno no lleva sus propias hojas”, explica la abogada de profesión, respecto al acceso a las carpetas de investigación.

Para la fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos Puebla los pocos avances que se han registrado se deben a la visibilización de la problemática que han logrado las familias que lo conforman, pues consideran que las autoridades por sí solas no han volteado a ver todavía los casos, ni acercado con las familias para escucharlas.

LA CIFRA NEGRA

El colectivo Uniendo Cristales, que asesora a familiares en la búsqueda de desaparecidos en el país, ha identificado en los últimos tres meses en las 22 regiones del estado, en municipios como Huauchinango, Palmar de Bravo, San Martín Texmelucan, Acatlán de Osorio, Tepeojuma, San Martín Texmelucan, Cuetzalan, Ajalpan, Zacapoaxtla y San José Chiapa casos que no han sido considerados dentro de la cifra oficial, de los cuales inclusive hay número de averiguación previa, pero que no se le ha dado seguimiento.

En este sentido, hay mil casos, que junto a las carpetas de investigación reconocidas por las autoridades y los que no son denunciados, llegan a las ocho mil desapariciones contabilizadas desde 2008 a la fecha.

Para Jorge Hernández Aguilera este subregistro, además de las amenazas que sufren los familiares de las víctimas para que no acudan a las autoridades, se debe a la complicación de acceso a los ministerios públicos desde municipios lejanos, pero también a la falta de recursos económicos y hasta de acceso a Internet, redes sociales e inclusive señal de teléfono móvil, por lo que sin asesoría, esos casos siguen sin ser denunciados.

“Por la falta de acceso a Internet desconocen sus derechos, no saben cómo denunciar, ni visibilizar la ausencia de sus familiares, se quedan paralizados”, compartió.

PIDEN ACERCAMIENTO CON EL GOBERNADOR

Núñez Baroja exhortó al gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, a escuchar a las familias del colectivo sin intermediarios, pues desconfían del personal que los ha atendido hasta ahora, al considerar que persiguen intereses políticos y no el de ayudar a las víctimas.

En este sentido, pidió revisar el decreto emitido por el ex mandatario Guillermo Pacheco Pulido en la conformación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Puebla, pues dijo que se limita a la participación de sólo dos familiares, cuando a nivel nacional es de cinco.

En cuanto a la espera para su integración ante la falta de recursos económicos, dijo que lo vale si corrigen las deficiencias y a cambio se revisa que garanticen la participación activa de las personas que se han dedicado a buscar a sus familiares.

Por otra parte, respecto al desempeño del encargado de despacho de la FGE, se pronunció por su destitución debido a los nulos avances tan sólo de los casos de las 23 familias que desde hace un año se acercaron a él para denunciar en conjunto las anomalías cometidas por los ministerios públicos.