Por: Mario Galeana

La diputada Rocío García Olmedo presentó una serie de reformas a la Ley Estatal de Salud que complementan su iniciativa para evitar la criminalización de las mujeres que decidan abortar durante las 12 semanas de embarazo.

En la reforma se plantea que las instituciones estén obligadas a prestar servicios de salud referentes a la educación y salud sexual y reproductiva.

Durante la presentación de la iniciativa hubo una breve discusión protagonizada por la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien pugnó porque la iniciativa se turnara no sólo a la Comisión de Salud, sino también a la de la Niñez y la Familia, que preside ella misma.

La coordinadora de la bancada de Acción Nacional llevó al Pleno a un grupo de mujeres del Frente Nacional por la Familia, quienes repartieron pañuelos azules entre 11 diputados, símbolo que grupos de la ultraderecha han adoptado para manifestar su oposición a la despenalización del aborto.

Ante la solicitud de Rodríguez Della Vecchia, el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, pidió que la iniciativa se turnara también a la Comisión de Derechos Humanos.

No obstante, la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Cabrera Camacho, resolvió que decidiría a qué comisiones sería turnada en un plazo de 24 horas.

La iniciativa presentada por García Olmedo  incorpora un capítulo a la Ley de Salud denominado “Interrupción legal del embarazo”, por el cual se obliga a hospitales y clínicas a otorgar de manera gratuita y en condiciones de calidad un procedimiento de aborto cuando así se solicite por parte de la mujer.

Este sólo puede ser otorgado “en los supuestos permitidos en el Código Penal”, es decir, cuando el embarazo se haya producido por una violación, cuando el producto posea alteraciones eugenésicas —es decir, malformaciones—, por embarazo imprudencial o culposo y por peligro de muerte.

El proyecto legislativo señala que los médicos o las enfermeras podrán excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo por poseer creencias religiosas o convicciones contrarias al procedimiento.

Esta figura, la “objeción de conciencia”, no podrá ser utilizada cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, ni cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o no haya personal disponible para practicar la interrupción de manera inmediata.

l grueso de la reforma está dedicado a la prestación de servicios de salud referentes a la educación y salud sexual y reproductiva, puesto que, hasta hoy, la Ley Estatal de Salud sólo obliga a la prestación de servicios de planificación familiar.

“Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca el Estado tienen como propósito principal reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares “, explica el proyecto.

Para García Olmedo, quien preside la Comisión de Igualdad de Género, la ausencia de políticas públicas referentes a la salud y educación sexual y reproductiva se ha traducido en dos hechos: el aumento de embarazos adolescentes y el registro de abortos clandestinos.

El Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) señala que en 2015 hubo 24 mil 827 nacimientos de mujeres de 15 a 19 años en Puebla, mientras que en 2016 la cifra fue de 22 mil 976 nacimientos.

La legisladora local cree que estas cifras son “alarmantes” dado que, por la edad, este tipo de embarazos son considerados de alto riesgo para las mujeres.

En tanto, el Sistema de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México señala que 1, 241 mujeres de Puebla acudieron a una clínica de la capital para practicarse un aborto entre abril del 2007 al 19 de diciembre de 2018.

La reforma plantea que “un gran número de poblanas” que no cuenta con recursos para trasladarse a la Ciudad de México han optado por practicarse un aborto clandestino. La mortandad o las consecuencias de este procedimiento son una cifra negra, un dato perdido del que no se tiene ningún atisbó.